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Cuenca preside un pleno del Ayuntamiento de Granada. M.R.

El pleno del Ayuntamiento de Granada se reúne por última vez este año con una tarea que quedará pendiente: la aprobación de las ordenanzas fiscales. Así, las tasas e impuestos municipales quedarán sin actualizar, con el IBI como caballo de batalla un año más, alejando aún más la posibilidad de aprobar un presupuesto para 2017. Las cuentas, por segundo año, quedarán prorrogadas y el escenario económico municipal se complica. De entrada, ese presupuesto prorrogado no recoge los 10 millones de amortización de préstamos que deben comenzarse a pagar el año que entra. 

Según el portavoz del gobierno local, Baldomero Oliver, el gasto extra sin presupuestar asciende a 15 millones y ya augura que "cualquier posibilidad de tener presupuesto pasaría por actuar en materia de gasto" y que "va a ser complicado".

Como complicado será aprobar las ordenanzas fiscales, pese a que el gobierno local ha retirado las dos propuestas que lanzó: retirar la bonificación por domiciliación bancaria y eliminar la bonificación en el impuesto de vehículos a aquellos con más 25 años. Una decisión que se ha adoptado "por impulso" de Ciudadanos, en palabras de Oliver. El gobierno local sostiene que eliminar esas bonificaciones "no es aumentar presión fiscal"; no lo veía así la oposición. Y finalmente, según Oliver, han hecho "el esfuerzo" de retirarla. Un esfuerzo porque, según insistió, se comienza el año con esos 15 millones de gasto extra sin presupuestar y es un "reto importante" afrontarlo sin incrementar la presión fiscal ni tocar bonificaciones. 

Retiradas esas propuestas, el expediente que se somete a la consideración del pleno este viernes es "fundamentalmente" técnica, con mejoras de mecanismos de gestión tributaria, ajustes de impuestos y tasas a los cambios legislativos o cambios en las tablas de bonificaciones del IAE para favorecer a pymes y también en la tasa de uso de palacios, según la franja horaria, además del pago bimensual de la tasa de tratamiento de residuos sólidos.

Llega "sin tocar tipos impositivos de ningún impuesto ni tasa", y con una moción complementaria de Ciudadanos "para dejar abierto debate IBI hasta el 1 de marzo", ante la actualización de los valores catastrales que debe decidir el Gobierno y que afectaría al IBI. A partir próximo pleno, según Oliver, se tendrá que determinar si el Ayuntamiento "está en condiciones de asumir una bajada de tipos o no". Es decir, si para compensar esa subida de los valores catastrales el Ayuntamiento baja los tipos que le corresponde aplicar al municipio, como reclama la oposición.

En este sentido incidió en que si bajar esos tipos implica "dejar de pagar nóminas" o poner "en peligro" la prestación de servicios básicos, "como ustedes comprenderán no tocaríamos los tipos ni para arriba, ni para abajo". "No estoy dispuesto a llevar al Ayuntamiento a la ruina", sentenció el portavoz del gobierno local y responsable de las áreas de Economía y Hacienda que abundó también en que la Ley de Transparencia abre la puerta a pedir responsabilidades si los corporativos dejan de cumplir obligaciones. Así se recoge en los artículos 28 y 29, llegando a plantear la inhabilitación política. 

Rechazadas alegaciones que suponen disminuir ingresos

"Habida cuenta de la situación de prórroga presupuestaria, del plan de ajuste y del plan económico y financiero en vigor, además de los 114 días de plazo de pago a proveedores, no hemos considerado oportuno, ni conveniente, ni posible aprobar alegaciones que supusieras un decremento de los ingresos para 2017", dijo Oliver para agregar: "Si de partida tenemos 10 millones más en amortizaciones, si bajaramos mecanismos de ingresos, no solo estaríamos impidiendo un presupuesto para 2017, sino firmando una sentencia de muerte con obligaciones de difícil cumplimiento".

A través de su portavoz, el gobierno local hizo un llamamiento a los grupos para que "tomen en consideración el esfuerzo" que ha hecho el equipo de gobierno para llevar a pleno un expediente "lo menos gravoso". "Confiamos que se manifiesten a favor de salvar al menos en la parte técnica y a partir de mañana se abre un proceso para ver cuáles son las propuestas de los gastos que hay que tocar". Para Oliver, sería "hacer trampas al solitario si decidimos no tocar los ingresos y al tocar los gastos nos ponemos de perfil, sería una irresponsabilidad desde el punto de vista político". 

El pasado año, tras retirar la propuesta sobre el IBI, el anterior equipo de gobierno del PP logró aprobar las ordenanzas tras un acuerdo con PSOE e IU, que dieron su voto favorable, y la abstención de Ciudadanos.