El que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) hasta mediados de este año, Manuel Romero, ha descartado este martes en la Audiencia de Granada que los supuestos vertidos ilegales de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión de Albolote provocaran "daños graves" al medio ambiente y ha defendido que no tuvo "intervención directa" en los expedientes sancionadores de carácter "leve" tramitados por este asunto.

El juicio arrancó el lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, aunque la primera sesión estuvo centrada en las cuestiones previas y ha sido este martes cuando han declarado Manuel Romero y los otros dos exaltos cargos de la CHG acusados por este caso, en el que la Fiscalía pide la libre absolución para los tres.

La acusación popular está ejercida por la propietaria del cortijo Las Torres, la cual denunció en 2010 que desde finales de los años noventa se habían causado "graves y reiterados daños" en su finca situada en Colomera, donde está el cauce del arroyo Juncal, debido a los vertidos del centro penitenciario. Solicita para ellos seis años de cárcel y 17 de inhabilitación por un posible delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación ambiental.

Tanto Romero como el exjefe de Calidad de Aguas y el que fuera comisario de Aguas han negado que los vertidos "domésticos" al arroyo Juncal, a tenor de los informes que han manejado, tuvieran componentes tóxicos que provocaran graves daños al medio ambiente; esto es, que puedan ser considerados irreversibles.

Así, el expediente fue tramitado como "uno más" de carácter leve, los cuales suelen resolverse "sin problemas" con la aplicación de medidas correctoras, según ha expuesto el expresidente de la Confederación, que ha hecho hincapié en que este organismo no tiene capacidad para cerrar el establecimiento afectado o para decretar el cese de la actividad que genera los vertidos, lo cual es competencia del Gobierno.

El excomisario de Aguas ha defendido por su parte que "no tenía ninguna competencia directa en el control de los vertidos". Él incoó dos expedientes sancionadores por infracciones leves en relación a la cárcel de Albolote que suponían daños "mínimos al dominio público hidráulico" frente a los casos "graves" que, según ha dicho, se dieron en su etapa de gestión, en la que había "gran cantidad de municipios sin depuradora" que vertían directamente al cauce y cuyos ayuntamientos eran sancionados por ello.

En el mismo sentido se ha pronunciado el que ha sido jefe de calidad de Aguas de la CHG hasta su jubilación este año, que ha defendido haber actuado de acuerdo a los requisitos establecidos legalmente y ha insistido en que en este caso no se trataba de un vertido industrial o peligroso, sino "doméstico". Ha llegado a afirmar que al menos "tenían depuradora", ya que aún en la actualidad hay más de 80 pueblos de Granada que no cuentan con "ningún tipo de depuración".

Después de los tres acusados, que no han respondido a las preguntas de la acusación popular, ha declarado en el juicio como testigo uno de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que tomó muestras en el arroyo Juncal.

Este agente detectó "espumas de coloración oscura" en el agua, así como "turbiedad" y presencia de lodos que a su entender serían demostrativos de que la depuradora no estaba funcionando correctamente, lo que derivó en una denuncia que se cursó tanto a la CHG como a la Junta de Andalucía, según ha expuesto en el transcurso de su declaración en el juicio, que continuará el miércoles y está señalado hasta el próximo 21 de septiembre.