El caso Emucesa, en el que se han investigado las contrataciones fantasma de personas afines al PP, que cobraron de la empresa municipal de cementerios pero no desempeñaron trabajo alguno para la misma ni pisaron sus instalaciones, suma un nuevo escrito de acusación. 

Se trata del presentado por el consejo de administración de Emucesa, que pide tres años de prisión y diez de inhabilitación absoluta para los exconcejales del PP María Francés y Eduardo Moral. A ambos, por esos contratos efectuados durante su etapa como consejeros delegados de la empresa, los acusa de delitos continuados de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Hay otras cinco personas que han sido investigadas en el caso, las que fueron contratadas.

No hay constancia de que hicieran trabajo, servicio o prestación de clase alguna para la empresa de cementerios

El escrito de acusación, en el que se solicita la apertura de juicio oral, se detalla que Emucesa no tiene constancia -ni en la sede, ni en procesos y actuaciones propias- de "la realización para la misma de ningún trabajo, servicio o prestación de clase alguna realizada por ninguna de las cinco personas contratadas, ni las mismas han recibido instrucciones del director gerente, ni han asistido a la sede de la empresa a desempeñar ningún puesto de trabajo. Durante el tiempo de las respectivas contrataciones, la empresa disponía de espacios suficientes para acoger trabajadores adicionales, y contaba con un despacho destinado al consejero delegado. La finalidad de todas las contrataciones fue la realización de servicios ajenos a la actividad y fines de empresa". 

Tras detallar el coste que esos contratos "de alta dirección" supuso para la empresa, tipifica los hechos y detalla las penas que solicita. A las de prisión e inhablitación se suma la responsabilidad civil. En el caso de Eduardo Moral, que restituya a la empresa, de manera solidaria con cuatro de los trabajadores investigados, 237.973 euros. A esa cantidad se suma los algo más de 8.000 que debe restituir al Servicio Público de Empleo por las prestaciones recibidas por los contratados.

Para María Francés, la cantidad estimada para su restitución a Emucesa es de 32.521 euros, y 3.886 al Servicio Público de Empleo.

De los cinco trabajadores investigados, para uno de ellos se pide atenuantes por haber reparado el daño causado devolviendo las cantidades que percibió. En su caso se enfrenta a un años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por cuatro años, por un delito de malversación. Para los otros cuatro, las penas de prisión solicitadas son de tres años, además de ocho años de inhabilitación. Para ellos también se calcula la responsabilidad civil.

El escrito de acusación, con fecha de 14 de junio, pide medidas cautelares para garantizar el pago de la responsabilidad civil.