El grupo socialista de la Diputación Provincial de Granada ha exigido explicaciones al presidente de la corporación, Sebastián Pérez, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya confirmado en una sentencia un fallo judicial anterior que apreciaba la existencia de "desviación de poder" en la suspensión de un concurso de méritos para excluir a un candidato a la secretaría general de la institución para "sustituirlo por un nombramiento a dedo".

En un comunicado, el diputado socialista Manuel Gómez Vidal ha señalado que la resolución judicial evidencia "el turbio" interés del máximo responsable de la institución provincial "para eliminar a un candidato legítimo de un puesto clave en la Diputación establecido para garantizar la legalidad de los procedimientos". "¿Qué respeto ha demostrado el máximo responsable de la corporación provincial por los procedimientos legales en el seno de las instituciones públicas y por los méritos y la capacidad de quienes aspiran a velar por el cumplimiento de la legalidad?", ha planteado.

"Esta sentencia demuestra que Sebastián Pérez quería en ese puesto a alguien afecto a su causa para hacer y deshacer a su antojo", ha manifestado el diputado provincial, quien ha recalcado la "gravedad" de una resolución judicial que considera acreditada que existió "una desviación de poder y un daño intencionado a los méritos del aspirante".

Gómez Vidal ha criticado la "falta de transparencia y el oscurantismo" en que el presidente de la Diputación "ha pretendido sumir desde el principio todos los procedimientos jurídicos y ha recordado además que Sebastián Pérez promovió un fraude procesal al aprobar en un pleno extraordinario", con los votos del PP, la revisión de oficio del sistema de selección de este alto funcionario invocando un procedimiento "excepcional" en el Derecho como es la "lesividad".

"¿Acaso el interés general lo define el presidente de la Diputación?", se ha preguntado el representante socialista para subrayar que el procedimiento del concurso de méritos es el establecido por la ley.

A su juicio, la resolución del juez evidencia "las trampas" de Sebastián Pérez para controlar los procedimientos de la Diputación y le ha reclamado que acate la resolución, "pida disculpas a la ciudadanía y que no dañe más a la institución".