La dirección popular le respalda

Dimite el alcalde de Gójar y se da de baja del PP, tras ser condenado a 17 años de inhabilitación por prevaricación

Política - Indegranada - Lunes, 10 de Julio de 2017
El alcalde de Gójar, el popular Francisco Javier Maldonado, ha dimitido del cargo y ha solicitado la suspensión cautelar de militancia del PP tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Granada a un año de prisión y 17 años de inhabilitación para empleo o cargo público por las supuestas irregularidades urbanísticas que permitieron construir una promoción de viviendas en esta localidad por parte de la empresa Cavifer S.L, de la que era socio su hermano.
Francisco Javier Maldonado.
Ayto. Gójar.
Francisco Javier Maldonado.
El hasta ahora regidor ha tomado esta decisión para, según ha dicho, preservar las siglas del PP hasta que se resuelva el recurso de casación que presentará en el Tribunal Supremo contra esta sentencia, que se produce tras el juicio que se celebró por estos hechos el pasado mayo en la Sección Primera de la Audiencia de Granada y en el que también se sentaron en el banquillo de los acusados el hermano del alcalde, el secretario habilitado del Ayuntamiento y el aparejador municipal.
 
Maldonado defendió entonces que la citada promoción de viviendas contaba "con informes favorables" y afirmó que desconoció que su hermano fuera socio de la promotora que la impulsó hasta casi el final de la tramitación del proyecto.
 
Tras conocer la sentencia, el PP ha confiado en que, "tras presentar el correspondiente recurso ante el Supremo, la situación se resuelva favorablemente para Francisco Maldonado", al que ha calificado como "un hombre de partido que ha trabajado duramente todos estos años por la prosperidad de su municipio y el bienestar de los vecinos de Gójar".
 
Según ha informado el PP en un comunicado, Maldonado ha dimitido tras conocer la sentencia de la Audiencia de Granada que lo ha condenado a un año de cárcel y otros 17 de inhabilitación para cargo público por prevaricación.
 
Maldonado ha adelantado que formalizará un recurso de casación ante el Supremo tras la sentencia condenatoria por una causa en la que la Fiscalía solicitó dos años y tres meses de cárcel, el pago de una multa de 400.000 euros y 22 años de inhabilitación especial para cargo público por una licencia de obras ilegal a la promotora de su hermano.
 
El juicio por esta causa se celebró en mayo de este año por un delito de prevaricación continuada, prevaricación urbanística y tráfico de influencias después de que el Ayuntamiento permitiera la construcción de una promoción de viviendas irregular impulsada por una firma participada por el hermano del ya exalcalde.
 
En un comunicado a su partido, Maldonado ha explicado que formaliza su "renuncia al acta de concejal, a la alcaldía de Gójar, solicitando también mi suspensión cautelar de militancia para preservar las siglas del Partido Popular, hasta que se resuelva el recurso de casación que se presentará en el Tribunal Supremo".
 
El secretario general del PP de Granada, Pablo García, ha mostrado su apoyo a Maldonado y le ha agradecido su gesto para defenderse "sin dañar a Gójar ni a las siglas del PP", tras lo que ha confiado en que el Supremo resuelva "favorablemente" el recurso.
 
García ha calificado al ya exalcalde como "un hombre de partido que ha trabajado duramente todos estos años".
 
Los hechos que han motivado la condena y la renuncia de Maldonado se remontan al 22 de agosto del 2005 cuando suscribió, como alcalde de Gójar, un convenio de gestión urbanística con la entidad Cavifer en la que su hermano Fernando, también acusado, era administrador mancomunado, y que omitía que parte de los terrenos afectados eran suelo urbano no consolidado.
 
Durante el juicio, Maldonado defendió que siguió los informes técnicos municipales para firmar un convenio y otorgar las licencia de obras al proyecto de una empresa participada por su hermano, dato que aseguró desconocer para negar que cometiera tráfico de influencias, delito por el que no ha sido condenado.
 
Maldonado aseguró además que el convenio pretendía evitar la expropiación de parte de los terrenos para construir un vial que le costaría al pueblo unos 130.000 euros.
 
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