Andalucía es la comunidad con la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión social más alta de España. En Andalucía hay más de tres millones de personas en riesgo de pobreza, cerca de 4 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza (informe EAPN 2016 ) lo que supone más del 40% de la población, 100.000 andaluces y andaluzas viven de la limosna uno de cada cuatro españoles en situación de pobreza es andaluz o andaluza, La mitad de los andaluces no puede afrontar gastos imprevistos, Hoy hay 600.000 andaluces que viven sin ninguna cobertura social, Andalucía lidera la clasificación nacional con una tasa de paro del 35,8%. España lo hace, por quinto año consecutivo, en la europea, etc, etc. La necesidad, por tanto, de articular una medida integral, como vemos, no se puede hacer esperar.

 

En Andalucía, su Estatuto establece en el Art 23.2: "Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad”. Se trata de una definición general, y que sería objeto de una abordaje multidimensional en todas sus áreas: Modelo, método, encuadre económico y social, etc., pero no por la complejidad del asunto debemos resistirnos a avanzar en su estudio y aplicación, para proyectar desde el ámbito de la política y responsabilidad institucional su puesta en marcha.

 

La apuesta por una Renta “Universal” es un concepto no exento de polémicas debido a ese planteamiento capitalista trasnochado de que resulta “inviable”.  En el actual modelo capitalista, esa especie de capitalismo social que no es más que un engendro burocrático donde los estados gestionan y distribuyen escasos recursos sociales como si de migajas se tratase bajo los las órdenes del todopoderoso mercado, no hace más que aumentar la brecha social y las desigualdades e ir legitimando unos "pseudosistemas” de protección social insuficientes a todas luces. Sistemas que duplican recursos y no los amortiza socialmente, o aun peor, sistemas donde se hace responsable a la ciudadanía de sus propias "bolsas de pobreza", para que ella misma se las arregle, con la voluntad que se tenga, sin hacer responsable a los estados de mitigar las causa y consecuencias de su modelo neoliberal generador de desigualdades sociales, dejando fuera a las Administraciones Publicas como garantes del gasto e inversión social responsabilidad que la propia Constitución les atribuye. (Título I. De los derechos y deberes fundamentales Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica Artículo 39 1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia).

 

Son muchos los modelos que inspiran y establecen paradigmas en relación al concepto e implementación de la “Renta Básica”, cada uno con sus pros y contras. De lo que se trata es de realizar un compendio de principios, valores, métodos, etc. que reúnan lo mejor de cada uno y simplifiquen bajo una perspectiva socialista todas las dimensiones que plantea este concepto para avanzar en su puesta en marcha. Es por ello que pese a las dificultades que parece que este concepto entraña en su aplicación, vemos como en otros países como Brasil, países escandinavos, Suiza, etc. se van articulando y poniendo en marcha mecanismo de Renta Básica auspiciados, además de por voluntad política, mediante procesos de acumulación de fuerzas sociales.

 

En este sentido, las clases populares, la mayoría social tiene la gran capacidad de ir haciendo el camino para conseguir la aplicación de un modelo de renta básica que supere el asistencialismo público o privado tan incrustado en nuestras políticas, que actuara como medio para rehabilitación económica de las capas populares más castigadas, ahondando en la promoción y transformación social

 

La articulación de una renta básica, además de generar dignidad económica y social en las personas supondría el reconocimiento de oficios como el de cuidador y cuidadora, el que realizan las mujeres con una doble jornada laboral, etc. Existen muchísimas ocupaciones sin valor monetario que no dejan de ser un trabajo pero no son reconocidos en los actuales modelos de seguridad social.

 

Se trataría de dar paso a un nuevo modelo de políticas públicas, donde se dejara de apostar únicamente por el valor mercantil. Su debate y posterior articulación abordaría el concepto actual de plusvalía  y de redistribución de la riqueza y su articulación podría suponer un avance cualitativo importante en la superación de modelos públicos asistencialistas que consiguiera avances hacia la innovación social y el desarrollo humano integral. La implementación de este tipo de prestación económica, no supondría en absoluto el quebrantamiento de los diferentes prestaciones económicas contributivas o no del sistema público, sino un complemento y mejora del sistema, para hacerlo mas garantista de los derechos sociales y ciudadanos. Otro debate sería establecer un estudio y modificación de ciertas prestaciones como la renta activa de inserción o los programas de solidaridad de los andaluces, que si bien supone un balón de oxígeno a muchas familias andaluzas y por ende granadinas, no consigue los objetivos sociales ni de inserción  para los que fueron creados, provocándose  un déficit de utilización de los recursos públicos que sería necesario estudiar y abordar. Se debería partir de la idea de que esta medida supondría compensar la escasez de medios económicos que pone en la diana a las capas de la sociedad que se encuestan por debajo del umbral de la pobreza  (aquel nivel de renta que permite afrontar las necesidades de un modo razonable dentro de cada entorno social en función de las rentas). 

 

Como comunistas, creemos que debe plantearse en el seno de la sociedad y por parte de los poderes públicos un debate profundo y responsable dado los continuos ataques que desde las instancias del poder neoliberal se dan para diluir este concepto y hacerlo económica y socialmente inviable.

 

Nosotras y nosotras, comunistas, somos los responsables de mantener el debate abierto y hacerlo prosperar, dentro de unos paramentos marxistas, basados en la redistribución equitativa de la riqueza, del logro de unas cotas de dignidad humana y de impulso a los derechos humanos. Andalucía necesita de manera urgente un vuelco en sus políticas sociales y de vertebración ciudadana, que avance hacia el establecimiento de recursos, prestaciones y medidas integrales destinadas a la dignificación social.

 

Nuestra responsabilidad es la de actuar rápida y audazmente en este terreno, para articular medidas de promoción y empoderamiento ciudadano evitando que las administraciones publicas sigan perpetuando actuaciones paliativas y asistenciales que no revierten en rentabilidad social, que minan de manera progresiva la ya muy débil cohesión social. El desarrollo de una garantía ciudadana de suficiencia económica, no sería la panacea a los males sociales en Andalucía y sus territorios, pero si supondría avance cualitativo en relación al reconocimiento de los derechos humanos en Andalucía. Creo que no pedimos mucho.