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Los ediles votaron en junta de gobierno las actuaciones supuestamente irregulares investigadas

Los concejales del PP, citados como investigados por el caso Serrallo

Política - M.A. - Jueves, 27 de Abril de 2017
La ampliación de la investigación a los ediles que formaron parte del gobierno de Torres Hurtado se produce, como ya anunció la magistrada, tras la declaración del exalcalde, al que también ha implicado en este caso que investiga las presuntas irregularidades en el caso Serrallo.
Detalle del auto dictado por la jueza.
IndeGranada
Detalle del auto dictado por la jueza.

Torres Hurtado con ediles del PP tras las elecciones municipales de 2015. m.rodríguez

La jueza que investiga las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en el caso Serrallo ha citado a declarar como investigados a todos los concejales del gobierno de José Torres Hurtado que votaron a favor de esas actuaciones en Junta de Gobierno Local.

La decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2, María Ángeles Jiménez, se produce después de que el exalcalde declarara, también como investigado, en este caso. Al citarlo, ya apuntó a su gobierno y advirtió de que tomaría esta decisión tras escucharle. Además, una de las acusaciones anunció que solicitaría que todos los ediles dieran explicaciones ante la jueza. 

Así, además de la propia Isabel Nieto, que ya estaba investigada en este caso, la jueza cita, en calidad de investigados por un supuesto delito de prevaricación urbanística, a Juan Antonio Mérida, Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Vicente Aguilera, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y María Francés. 

Además, cita a declarar también a la exsecretaria del Ayuntamiento Mercedes López Domech, investigada en el caso Nazarí, y a otro alto funcionario, Francisco de Paula Aguilera. 

El caso Serrallo ahonda en el supuesto trato de favor a determinados constructores, en este caso a Roberto García Arrabal, promotor del centro comercial y de las instalaciones anexas que propiciaron la investigación. La causa investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. A estos se sumaron, a lo largo de la investigación, los de asociación ilícita, negociación prohibida a funcionarios públicos y tráfico de influencias. 

Buena parte de esos concejales que votaron a favor de la operación, en la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 26 de julio de 2012, siguen en la corporación como integrantes del grupo municipal del PP. Son García Montero, Telesfora Ruiz, Egea, Fuentes, Ledesma y Francés. En el caso de Mérida ya dejó la corporación y Aguilera es teniente de alcalde en Ogíjares.

En el auto, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, la jueza recuerda que, según establece la Ley de Bases del Régimen Local, los miembros de una corporación local están sujetos a responsabilidad civil y penal, es decir, que son "responsables" de los acuerdos que hubiesen votado favorablemente. "Está meridianamente claro que los miembros de la Junta de Gobierno Local deben estar debidamente ilustrados sobre el contenido de los expedientes respecto de los cuales se va a votar o debatir en la correspondiente Junta", expone en los argumentos jurídicos la jueza para añadir que, por tanto, para ello deben recabar "la información necesaria", habida cuenta de "la importancia" de las decisiones que se adoptan en el seno de ese órgano municipal, donde se marca "la dirección de la política local". 

Por ello rechaza la línea de defensa que utilizó el exalcalde Torres Hurtado y afirma con rotundidad en el auto que "los miembros de la Junta de Gobierno Local no pueden 'limitarse a votar',  como expuso el señor Torres Hurtado en su declaración" como investigado, sino que "tienen la obligación" de obtener datos e informaciones de los servicios de la Corporación para el desarrolo de su función. 

Para refrendarlo, la jueza cita una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada en la que justificaba una imputación por prevaricación urbanística señalando que "no es posible ni admisible que se amparen en una actuación automática y siguiendo las directrices de otros para votar favorablemente la concesión de licencias urbanísticas". 

Por ello los cita como investigados. Las declaraciones se han fijado para los días 11, 12 y 16 de de mayo. 

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