La Casa Agreda, bien podría ser un símil para poder comprobar las diferencias de gestión entre quienes piensan en las personas y quienes se mueven por un afán puramente especulativo. 

Ubicada en la Cuesta de Santa Inés, junto a la Carrera del Darro (quizá una de las vistas más impresionantes que tiene esta ciudad) fue construida en el siglo XVI.  Desde finales del Siglo XIX sufre numerosos cambios, albergando, primero el Convento-Colegio de la Presentación de Nuestra Señora, hasta que finalmente es adquirida por el Ayuntamiento de Granada en 1940 y ubicando un orfelinato regido por la congregación religiosa Divina Infantita.

Cuando el PSOE se hace con el gobierno de la ciudad, tras la irrupción de la Unidad de Delitos Financieros en el Ayuntamiento, una de las medidas que se ordena es la posibilidad de recuperar para el patrimonio municipal la Casa Agreda. No se trataba en aquel entonces de buscar responsabilidades penales por las decisiones. En lo que se ponía el énfasis fundamentalmente era la posibilidad de recuperar la propiedad

Con independencia de su valor cultural, la Casa Agreda salta a la portada de los medios locales, cuando el anterior alcalde del Partido Popular, José Torres Hurtado y su equipo de gobierno, decide aprobar los pliegos de las condiciones de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas (2014) y con posterioridad adjudica el derecho de superficie con opción a compra a una ONG (2015).

Estos hechos implicaron la apertura de diligencias previas con el objeto de poder determinar una presunta “malversación en la contratación realizada sobre la Casa Agreda por los responsables en los hechos en perjuicio de las arcas municipales”, ya que, según la fiscalía al incluirse en la operación la “opción de compra por parte de la ONG” pasaría a ser propiedad de ésta por un total de 1.800.000 euros siendo esta la única cantidad que percibiría el Ayuntamiento de Granada. Cifra que estaría muy por debajo del valor real del inmueble, y con el lógico y consecuentemente detrimento para la ciudad.

Cuando el PSOE se hace con el gobierno de la ciudad, tras la irrupción de la Unidad de Delitos Financieros en el Ayuntamiento, una de las medidas que se ordena es la posibilidad de recuperar para el patrimonio municipal la Casa Agreda. No se trataba en aquel entonces de buscar responsabilidades penales por las decisiones. En lo que se ponía el énfasis fundamentalmente era la posibilidad de recuperar la propiedad.

El descuido y abandono al que el Gobierno Municipal del Partido Popular sometió al patrimonio municipal y a la ciudad, tiene en este monumento un claro ejemplo. Y no se trata solo de dejadez, sino también de intereses difícilmente comprensibles al transmitir el bien patrimonial a tan bajo precio. Están por ver las razones que el Partido Popular  dirigido por Sebastián Pérez, tenía para vender la Casa Agreda.

Es un insulto a la inteligencia colectiva, y resulta difícil de creer, que el Sr. Pérez estuviera al margen de las decisiones que sus compañeros tomaban en el Ayuntamiento de Granada, cuando formaba parte del equipo de gobierno siendo primer teniente de alcalde

Es vergonzoso observar como el candidato a la alcaldía por el Partido Popular se presenta ante la ciudadanía como garante de un proyecto que pretende  defender los intereses de Granada, cuando (aún no estando investigado formalmente) tiene a sus espaldas los procesos judiciales de los casos Nazarí, Serrallo, TG7,  los contratos fantasmas de EMUCESA… unos  treinta millones de euros que la ciudad de Granada pierde, y con los que se podría sanear la maltrecha situación económica de las arcas del consistorio granadino después de su gestión en la ultima década.

Es un insulto a la inteligencia colectiva, y resulta difícil de creer, que el Sr. Pérez estuviera al margen de las decisiones que sus compañeros tomaban en el Ayuntamiento de Granada, cuando formaba parte del equipo de gobierno siendo primer teniente de alcalde. Pero determinar si existen, o no, responsabilidades penales le corresponde a los juzgados que están investigando todas estas causas.  No andaremos lejos de la realidad cuando son muchas las voces en su propio partido que lo repudian, y cuando su propia responsabilidad actual en el Partido ha sido cuestionada no solo de forma interna, sino también por los tribunales de justicia. No olvidemos que, por lo que sabemos, se declaró la nulidad de la convocatoria del Congreso Provincial del Partido Popular, así como de todo el proceso en sí mismo y por tanto el propio nombramiento de Sebastián Pérez como Secretario General en Granada.

A los tribunales le corresponde concluir si de determinados  hechos, se derivan responsabilidades civiles o penales; a los militantes de los partidos les incumbe el cumplimiento de sus normas en correspondencia con los derechos y deberes que determinan sus estatutos; pero es la ciudadanía, la que tiene la responsabilidad de  confrontar ideas, y gestión. Valorar quienes están a favor de proyectos que miran a las personas, defendiendo los intereses colectivos  frente a quienes están en otras cuestiones más oscuras.

Son muchos los ejemplos de  la diferencia en  la gestión entre el Partido Popular con una larga década en el gobierno de la ciudad  y el PSOE.  Pero hoy quería detenerme en el ejemplo de la Casa Agreda que sirve de contraposición de dos proyectos claramente diferenciados.   Recientemente un juzgado de primera instancia (la sentencia no es firme) ha resuelto el contrato por el que otorgaba a una entidad privada el derecho de superficie con opción a compra,  condenando a la entrega del inmueble al Ayuntamiento así como al pago de los perjuicios ocasionados por la falta de rehabilitación y mantenimiento. De esta manera se deshace el entuerto y el contrato que materializó  el  gobierno municipal del Partido Popular y la ciudad de Granada recupera un edificio histórico.

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José María Corpas es abogado y secretario de Transparencia y Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Granada capital.