• "No podemos cobrar el coste del servicio por debajo de su precio real, como veníamos haciendo durante el año 2023, cuando repercutíamos 29,4 millones", critica Saavedra.

El gobierno local que preside Marifrán Carazo tiene previsto aprobar en comisión municipal la subida de la tasa de basura, un incremento que achaca al Gobierno de España. En esa línea ha ido la comparecencia del portavoz municipal, Jorge Saavedra, y la nota difundida con sus críticas. 

Según ha expuesto Saavedra, la Ley Estatal 7/2022 fijada por el Gobierno de Pedro Sánchez, "obliga" a las entidades locales a "repercutir a los ciudadanos al cobro del servicio de recogida de residuos sólidos, lo que obliga al Consistorio a tener que estipular unos nuevos criterios". 

Así, según Saavedra, se trata de una tasa que tiene que cumplir dos objetivos: "primero, repercutir la totalidad del coste a los ciudadanos, ya que “hasta ahora, las entidades locales, los ayuntamientos, asumían parte del coste de esa tasa" y, en segundo lugar, "considerar la cantidad de residuos que genera cada vivienda, cumpliendo con la Ley Estatal 7/2022, es decir, quien más residuos genere, pagará más". 

El gobierno local admite que la tasa supone, "en la mayor parte de los casos", una subida. 

"Con esa premisa de cumplir con los principios de capacidad económica del contribuyente, de un lado, y con el principio de proporcionalidad, es decir, quien más contamine que pague más, este Ayuntamiento presenta una ordenanza para su discusión y aprobación en Comisión, en el que algunos inmuebles pagarán más y otros menos de lo que estaban pagando", según Saavedra. 

Según sus cálculos, frente a los 29 millones que se repercutían en la tasa, ahora serán más de 31. La diferencia, que el Ayuntamiento cifra en 1,6 millones, será la que se repercutirá en los recibos. 

Habrá, según ha precisado, "un valor fijo de entorno al 84%, que es un índice básico que está vinculado también al valor catastral, y un variable de entorno al 15%, el cual se estable en función del uso del local o de la vivienda, si es comercial o si es residencial". 

La tasa será revisable, al estar pendiente la nueva adjudicación del contrato de la limpieza y recogida de basura. Tiene que estar aprobada antes del 10 de abril, "para no incurrir en ninguna sanción que caiga sobre el Ayuntamiento, para lo que tenemos que llevarla sin más remedio al pleno de enero, aunque no esté adjudicado el contrato de basura, y una vez que se adjudique el contrato de basura tendremos tiempo más que suficiente para revisar esas cantidades". 

"La implantación efectiva será partir del 1 de enero del 2026, aunque haya que aprobarlo para abril, por lo tanto, cuando se adjudique el contrato de basura, se volverá a revisar el coste final del servicio para que el 1 de enero de 2026, momento en el que también se tendrá en cuenta el número de residentes por domicilio, se pueda aplicar ya a todos los granadinos sin ningún problema".

Por su parte, la concejala de Economía, Rosario Pallarés, ha añadido que "otros aspectos a tener en cuenta son el valor catastral de la vivienda y también bien las toneladas de residuos generadas, en función de la zona en la que esté ubicado el inmueble”, lo que viene determinado en la división por unas cuadrículas, 290 cuadrículas en las que hemos dividido la ciudad de Granada para realizar este reparto".

"En cada una de esas cuadrículas está calculado el tonelaje de residuos que se generan”, por lo tanto, “se tienen en cuenta esos tres criterios, el uso catastral, el valor catastral y las toneladas, ya que nos obligan a vincular la tasa a las toneladas que se generan de residuos, haciendo el cálculo por cuadrícula, dada la dificultad de calcular la producción de los residuos domicilio por domicilio".

Bonificaciones y Reducciones

La edil ha explicado tres casos en los que se aplicará una reducción de esta tasa, como en el caso de empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos, con carácter prioritario, en colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios. Tendrán una bonificación del 90% en la cuota variable de la tasa conforme a lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Además, los contribuyentes que acrediten que la renta de los miembros empadronados en la vivienda no supere unos ingresos anuales equivalentes a una vez y media del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), gozarán de una reducción del 80% de la cuota, de conformidad con lo establecido en el art. 24.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Por último, las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social, conforme a lo dispuesto en el art. 11.4, d) de la Ley 7/2022 de Residuos, gozarán de una reducción del 90% tanto en la cuota fija como en la variable, para los cuales se exigirá los mismos requisitos económicos de la reducción prevista en el apartado anterior, así como la aportación del certificado de persona en riesgo de exclusión social expedido por órgano competente.