Caciquismos y corporativos locales en el Área Metropolitana de Granada
I El fracaso del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG)
1.- Un enfoque crítico.
Para pensar el futuro del Área Metropolitana es inevitable partir de un enfoque crítico del desarrollo del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG, o Plan, en adelante). Tras 20 años en vigor, una serie de líneas estratégicas que habrían transformado la fisionomía del Área han quedado en suspenso o minimizadas: Las infraestructuras básicas, del transporte y de las comunicaciones, el sistema de espacios libres, la red de equipamientos y servicios, el sistema de asentamientos y ordenación urbana, la conservación de suelos agrícolas, la protección medioambiental y del patrimonio…
Entre las causas de este fracaso, se encuentra la descoordinación y las contradicciones entre las administraciones y la falta de cooperación de las entidades privadas para ofrecer alternativas comunes a los problemas del Área. A ello se añade una ausencia de liderazgo político, que sumara las voluntades dispersas en torno a un proyecto reconocible. Las consecuencias han sido evidentes: una sobreexplotación intensiva y especulativa del suelo, que ha transformado a la Vega de Granada en un espacio residual, desordenado y caótico, en trance de desaparición en los próximos años.
Hay que recordar que el POTAUG fue aprobado (Decreto 244/99 de 27 de Diciembre), en base a una propuesta de consenso interinstitucional y con los agentes privados. Sin embargo, ¿cuáles fueron las trabas que impidieron un marco de actuaciones de tal trascendencia?
2.- La fórmula de concertación del POTAUG era inviable
El modelo de acuerdos con las corporaciones locales promovido por la Junta de Andalucía, se percibió como una amenaza a la autonomía municipal, al cuestionar un planeamiento urbanístico expansivo que ponía en peligro el gran negocio de las clasificaciones y calificaciones de suelo, tasas, licencias, etc. Esta desencuentro se tradujo en numerosas enmiendas y puntualizaciones al Plan, reduciendo su eficacia a un mero documento indicativo.
El núcleo del diagnóstico del POTAUG señalaba que la oferta de suelo urbanizable, según el planeamiento conjunto en vigor, cuadriplicaría el número de viviendas de usos residenciales desde las 60.000/70.000 a más de 210.000, lo que redimensionó la oferta de suelo residencial a las previsiones de los próximos 50 años, y alimentó una burbuja inmobiliaria sin precedentes. Fueron tiempos en que hacía fortuna aquella sentencia Deng Xiaoping, recordaba por Felipe González: ¿gato blanco o gato negro? Lo importante es que cace ratones.
Sin duda, la redacción de un Plan orientado a un territorio de tal complejidad económica, social y territorial, y donde se acumulan viejos y nuevos conflictos concentrados en un reducido espacio (7% de la Superficie provincial, 55% de la población, 530 ha/km²), habría requerido un formato de toma de decisiones diferente al establecido en el POTAUG.
3.- Viejos y nuevos caciquismos locales
Pero, también, habría que cuestionar el papel de los representantes municipales, que obstaculizaron la capacidad operativa del Plan en materia de ordenación, organización y conservación de los espacios protegidos, imponiéndole dos mecanismos perversos que diluyeron su operatividad.
a.- Cuando señalaba en el apartado de Determinaciones de Planeamiento urbanístico, que el presente Plan ha optado por minimizar su intervención sobre los planes vigentes, y en especial sobre el Planeamiento Urbanístico general, en el entendimiento de los problemas que dicha intervención puede suponer para las políticas municipales que se estuvieran desarrollando.
Ello dejaba intactas las peores expectativas en curso: Alrededor de 150 nuevos proyectos de urbanización y de 10 nuevos núcleos de población, que en algunos casos superarían los 5.000 hbs; y suelo edificable para acoger a más de 400.000 nuevos residentes, esto es, un sobredimensionamiento delirante de la oferta respecto a la demanda real de vivienda, con tintes claramente especulativos. Semejante despropósito, ha dejado tras de sí un reguero de urbanizaciones abandonadas como un escenario de guerra.
b.- Cuando en su marco normativo se reduce a simples Directrices y Recomendaciones, líneas básicas vinculadas a una serie de ejes estratégicos:
-El desarrollo de objetivos territoriales para la organización del sistema de asentamientos urbanos y sus regulaciones internas.
-Los sistemas de comunicaciones y transportes (tramos ferroviarios, tranvías, metro ligero, transporte público...), redes viarias de nivel local y supramunicipal, infraestructuras del ciclo del agua, abastecimiento energético y redes hídricas...
-Las regulaciones de usos y transformaciones en zonas de alto valor ecológico y/o productivo.
-El desarrollo del sistema de Espacios Libres y de recuperación de zonas susceptibles de mejora y regeneración ambiental y paisajística.
-La protección de Bienes y del Patrimonio arquitectónico, rural y ambiental.
En conclusión, un Plan reducido a una colección de proyectos indicativos u orientativos no es exactamente un Plan de Ordenación, sino más bien una serie incongruente de buenos propósitos. Al mismo tiempo, contenía graves contradicciones inaceptables. Por ejemplo, entre unas Bases y Líneas Estratégicas bien intencionadas y la previsión de la construcción de la 2ªRonda de Circunvalación; o entre un Diagnóstico crítico con las prácticas urbanísticas y la renuncia a intervenir sobre los planeamientos en marcha.
II Un esquema de nuevo Plan del Área Metropolitana
1.- Superar la dispersión y la descoordinación de las políticas públicas.
El actual estado de fragmentación y de duplicidades que caracterizan a las políticas públicas locales, constituyen un serio obstáculo para el desarrollo de un nuevo Plan. Es un problema histórico, que refleja una dinámica corporativista de los aparatos administrativos, agravado por la proclividad de los representantes políticos municipales a gestionar los asuntos públicos con una mentalidad tecnocrática e instrumental. Un nuevo caciquismo local se puso en marcha con el fin de diluir los objetivos originales del Plan.
Es cierto que introducir principios de racionalidad funcional, donde menudean sin conexión alguna todo tipo de programas, ayudas y subvenciones públicas, frecuentemente solapadas, requiere una voluntad política planificadora, sostenida y tenaz. A ello se le une que tal intervención afectaría a sectores privatizados controlados por grandes corporaciones, con complicidades políticas evidentes: el transporte y las comunicaciones, la energía y las infraestructuras del agua y los residuos, la conservación medioambiental o el planeamiento urbanístico. Una tarea nada fácil, pero urgente.
2.- Cambiar el modelo de Demarcaciones y Unidades territoriales
Este modelo ha quedado obsoleto ante las transformaciones del mercado de trabajo y de la vivienda y las nuevas reclamaciones ciudadanas por la calidad y proximidad de los servicios públicos. De ahí que carecería sentido reconstruir una ciudad funcional del Área Metropolitana sin un nuevo mapa de intervención de las Administraciones Públicas en el territorio.
Una modificación indispensable a la hora de una planificación racional de inversiones que evite construir equipamientos culturales, sociales o deportivos innecesarios, multiplicar cursos para cubrir demandas de mercado saturadas, priorizar infraestructuras con escaso o nulo sentido de viabilidad, extender la dispersión minifundista de la oferta de suelo industrial ...
Ello implica una reorganización de las estructuras supramunicipales con fines similares, que agrupan (y se superponen entre sí) a la práctica totalidad de los municipios del Área. Sin ser exhaustivos:
Consorcios: Vega Sierra Elvira, Vega Sur y una parte del Poniente Granadino; Mancomunidades: Vega Alta, Vega Baja, Rio Monachil (hasta diez mancomunidades); Asociaciones para el Desarrollo Rural y Líderes: Promovega y Alfanevada; Unidades Territoriales de Empleo: Armilla, Atarfe, Santa Fe, La Zubia, Alfacar…
Salvo en el caso de las mancomunidades, que tienen objetivos sectoriales concretos, el resto de organismos se centran en el desarrollo local/comarcal y la gestión de programas europeos y de otras administraciones.
Subrayar que estas estructuras supramunicipales constituyen una intrincada red de poderes fácticos, en disputa por la hegemonía del Área, tradicionalmente hostiles a cualquier reorganización territorial que cuestione sus estatus.
Las consecuencias de sus alianzas privatizadoras con un grupo de grandes empresas están a la vista. He ahí el capitidisminuido y saturado Campus de la Salud, la reconversión de terrenos del Aeródromo de Armilla en zona residencial y de equipamientos y servicios terciarios para albergar al Centro Comercial Nevada, las reclasificaciones masivas de suelo en el caso de la construcción de los macropolígonos de Alhendín y Temple (Escúzar), infrautilizados, la sobrecarga de Grandes Superficies, las gigantescas urbanizaciones fantasmagóricas como Medina Elvira Golf, la burla sistemática de controles a la altísima contaminación atmosférica, la degradación de tierras, acequias, y ríos que amenazan la subsistencia del acuífero de la Vega….
3.- Superar la resignación
Probablemente, el mayor obstáculo para la redacción de un nuevo Plan de Ordenación es que la derecha y una gran parte de la izquierda institucionalizada compartan un enfoque de crecimiento desarrollista, que ha llevado al Área Metropolitana a un estado ruinoso: crecer sin limitaciones, en función de una lógica depredadora y privatizadora.
Por ello, el nudo de la cuestión es una cuestión política. Fue la derrota de la política y de los intereses colectivos lo que convirtió el POTAUG, finalmente, en papel mojado.
La conclusión es inquietante: ¿sería viable, ahora, un nuevo Plan concertado e inevitablemente complejo?
Frente a la selva de los caciquismos y chovinismos locales, y el avance de los conservadurismos extremos, no cabe la resignación. No hay otra elección que rearmarse con un reformismo democrático fuerte, radical, con una amplia visión metropolitana.
Es la hora de un nuevo espacio municipalista, de tejer nuevos consensos mayoritarios con interlocutores diferentes, que den alternativas fiables a un dilema dramático: colapso irreparable del Área y de la Vega o planificación democrática con financiación. El punto de partida sería la movilización exigente de los ciudadanos, en convergencia con la red democrática de municipios del Área, en crecimiento.
Javier Terriente es militante de izquierda y activo participante en la lucha por la democracia y las libertades.
