Uno de los problemas con el que nos enfrentamos quienes queremos construir una sociedad más justas e igualitaria, es poder compaginar la calidad de vida de toda la ciudadanía con los avances de la sociedad rompiendo los desequilibrios sociales y económicos.

Como señaló Jacques Attali en la Voie Humanaine, “en solo 22 países (en donde se acumula apenas el 14 por ciento de la población humana total) se concentra la mitad del comercio mundial y más de la mitad de las inversiones globales, mientras que los 49 países más pobres reciben en conjunto solo el 0,5 por ciento de la producción global, casi lo mismo que los ingresos de los tres hombres más ricos del planeta.”

En este entorno mundial de profundas desigualdades sociales y económicas, lo que se pretende en un escenario más cercano, es que la convivencia de la ciudadanía en nuestras ciudades sea lo más “amable” posible y que las administraciones pongan su énfasis y sus recursos en esa tarea. 

Ante la excusa de una falta de competencias en materia de empleo, el PP sacó del discurso cualquier acción que diera un mínimo de esperanza a las miles de familias a las que la crisis les robó su trabajo. Es más, en el colmo de esa estrategia llegaron a finiquitar el Instituto Municipal de Formación y Empleo, acabando con una herramienta útil y eficaz para las personas desempleadas, y diluyendo aún más el papel del Ayuntamiento frente a la ciudadanía en uno de los asuntos más preocupantes en la gestión pública

Desgraciadamente a día de hoy, un empleo no garantiza una supervivencia digna. A lo largo de los últimos años hemos ido observando un paulatino “empobrecimiento” de las rentas del trabajo. En efecto, una de las consecuencias perversas de la reforma laboral del Partido Popular en el 2012, ha sido el paulatino descenso de los salarios. Éstos no solo no han mantenido su poder adquisitivo, sino que su nivel se ha visto drásticamente reducido. Esta devaluación salarial ha tenido dos vías: pasar a cobrar por el mismo puesto de trabajo menos sueldo (vía facilitada por la reforma laboral que permite a las empresas rebajar las condiciones salariales); o porque se pierde el empleo y se consigue otro, en una empresa distinta, que aun teniendo la misma categoría, percibe un salario inferior porque está “peor pagado”; o bien porque cambia de un empleo fijo a uno temporal en un sector menos productivo. Son muchas las casuísticas, pero todas tienen un elemento común: la disminución del nivel salarial.

Tal y como está diseñado nuestro reparto de competencias, los municipios son el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y tienen por el contrario el nivel competencial más bajo respecto a las políticas de empleo. Esto dificulta, obviamente, que se puedan adoptar por su parte alternativas encaminadas a mejorar los niveles de empleo. Ante esta realidad hay, a mi juicio, dos formas de reaccionar. Por un lado, la más hipócrita. Es la protagonizada por el Partido Popular de Granada durante 13 años de gobierno. Ante la excusa de una falta de competencias en materia de empleo, el PP sacó del discurso cualquier acción que diera un mínimo de esperanza a las miles de familias a las que la crisis les robó su trabajo. Es más, en el colmo de esa estrategia llegaron a finiquitar el Instituto Municipal de Formación y Empleo, acabando con una herramienta útil y eficaz para las personas desempleadas, y diluyendo aún más el papel del Ayuntamiento frente a la ciudadanía en uno de los asuntos más preocupantes en la gestión pública.

Frente a esta actitud, el actual equipo de Gobierno de la ciudad, con Paco Cuenca al frente, está dando la cara ante el desempleo utilizando las competencias municipales que existen al respecto, acreditando que en política, todo, absolutamente todo es cuestión voluntad. La concejala responsable de esa área, Ana Muñoz, ha logrado normalizar las relaciones con la Junta de Andalucía, quien impulsa unos planes de Empleo en las ciudades que, hasta hace dos años, eran una excusa más en la sistemática confrontación del PP con la institución autonómica. Con el actual Gobierno de Granada, esos planes se han aplicado a la perfección, de manera coordinada y han prestado un servicio más que adecuado, ajustándose al fin prescrito por la norma, y sin una sola polémica al respecto.

Frente a esta actitud, el actual equipo de Gobierno de la ciudad, con Paco Cuenca al frente, está dando la cara ante el desempleo utilizando las competencias municipales que existen al respecto, acreditando que en política, todo, absolutamente todo es cuestión voluntad

Además, el equipo de Ana Muñoz ha logrado obtener diferentes subvenciones europeas para fortalecer los programas formativos destinados a mejorar la empleabilidad de las personas sin trabajo, en especial los grupos sociales considerados más vulnerables; o bien, fondos para garantizar que los y las estudiantes de Formación Profesional, por ejemplo, puedan desarrollar acciones de intercambios fuera de nuestro país para enriquecer su formación, en el marco del programa FP Share Plus.

Es evidente el cambio de sensibilidad en los gobernantes de la ciudad. El empleo ha entrado en el discurso de la institución con fuerza. Nadie usa ya en Granada la excusa de la carencia de competencias municipales en políticas activas de empleo para esconder la mirada ante un problema excesivamente evidente en nuestra ciudad. El empleo en Granada cuenta al fin con un aliado en la población que, de nuevo recibe una respuesta de la que es su institución más cercana, un Ayuntamiento capacitado para ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.