La corporación municipal ha comenzado oficialmente el trabajo de auditoría del área de Urbanismo. En total se revisarán 41 convenios urbanísticos y 34 decretos.  

Servirá, como ha destacado en declaraciones a los periodistas el responsable del área, el concejal Miguel Ángel Fernández Madrid, para obtener "una imagen real" de la gestión urbanística desarrollada en la ciudad, de la gestión que se ha hecho de los planes parciales, de las deudas pendientes y del dinero que no se haya ingresado por diferentes causas, bien por una supuesta irregularidad, "que desconocemos y no pretendemos anticipar", o por la situación del 'sector del ladrillo'. 

Algunos de esos instrumentos urbanísticos aprobados en los últimos años y con los que funciona el Ayuntamiento en esta materia "están generando cierta tensión a la hora de interpretar por ejemplo el Plan General de Ordenación Urbana, tanto de quien tiene que otorgar alguna licencia como quien viene a hacer cualquier acto administrativo y lo que pretendemos es darle seguridad jurídica a los actos adimistrativos de este Ayuntamiento", ha manifestado el concejal para resaltar que con este minucioso trabajo se tratarán de aclarar las contradicciones que hayan podido surgir. 

Así, el trabajo de la auditoría buscará un dictamen de la Secretaría General del Ayuntamiento que clarifique las decisiones o informes contradictorios. En otros casos se recabará el dictamen de la Junta de Andalucía. Y con todo ello se podrá ir avanzando en el trabajo de la comisión.

Serán técnicos municipales los encargados de revisar la documentación, como ya se avanzó y ha recordado el concejal.

La primera documentación que ha llegado para su revisión: el convenio de la antigua gasolinera de Recogidas y, por otra parte, los criterios de uso del subsuelo.

El Ayuntamiento activa el procedimiento para evitar el pago de 13 millones a una constructora

Al margen del trabajo de auditoría, en la comisión de Urbanismo celebrada este martes se ha acordado elevar al pleno la declaración de lesividad de una decisión municipal tomada por el anterior equipo de gobierno, en el marco de un convenio con la constructora Contrucciones Vargas e Hijos, que ha derivado con los años en una condena al pago de 13 millones de euros. Dado que el pago de esa cantidad supondría quebrar aún más las arcas municipales, el gobierno local ha buscado una vía que permita pagar en especie esa cantidad. Se declara lesiva la decisión tomada en su día por el gobierno local, que utilizó el silencio administrativo, cancelándola. De esta manera se regresa a un punto que permti