El Ayuntamiento de Atarfe, tras reclamarle este lunes la Diputación 1,9 millones de deuda con el antiguo Consorcio Provincial de Residuos (Resur), según una sentencia mostrada por el diputado provincial Antonio Mancilla, ha mostrado su "absoluto desacuerdo" con esta sentencia, "no tanto por su contenido económico, sino porque se trata de un asunto ya juzgado, con una deuda reconocida y un mecanismo de pago previamente acordado y ejecutado parcialmente", afirma en una nota de prensa. Y anuncia que interpondrá "los recursos judiciales correspondientes para defender los intereses públicos del municipio".

Según el Ayuntamiento atarfeño, el diputado provincial "ha trasladado a los medios de comunicación una versión interesada y sesgada de los hechos, obviando deliberadamente aspectos esenciales del procedimiento judicial al que hace referencia".

La alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández (PSOE), ha recordado que “ya en 2017 se dictó una sentencia que fijó el importe total de la deuda en algo más de 3,1 millones de euros y estableció el sistema de pago a través de retenciones automáticas trimestrales del PATRICA (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma) por valor de 127.000 euros. Este sistema fue propuesto por el propio RESUR y avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y fue cumplido rigurosamente por el Ayuntamiento, incluyendo el abono de los intereses generados”.

"Sin previo aviso y por causas totalmente ajenas a este Ayuntamiento, dichas retenciones dejaron de practicarse. Se trataba de un acuerdo operativo entre el extinto Consorcio y la Dirección General de Administración Local, sobre el cual Atarfe no tenía capacidad de intervención directa", indica el consistorio.

Aun así, y tras las últimas elecciones municipales, el equipo de gobierno atarfeño afirma que retomó el diálogo con la Diputación para alcanzar un nuevo plan de pagos. "Sin embargo, la respuesta de la Diputación, ahora gobernada por el Partido Popular fue tajante: rechazo absoluto a cualquier acuerdo extrajudicial y decisión de acudir directamente a los tribunales, solicitando el pago total de la cantidad ya sentenciada".

La la alcaldesa ha subrayado: “Estamos asistiendo a un uso político intolerable de una cuestión técnica y administrativa, resuelta en su momento por los tribunales, y cuyo cumplimiento fue garantizado por este Ayuntamiento. Lo que hace ahora la Diputación no es gestión pública, es persecución política. Y eso, viniendo de una institución que debe estar al servicio de todos, es profundamente desleal”.

El Ayuntamiento de Atarfe reitera su "compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del interés general y no permitirá que se utilicen las instituciones públicas para desgastar a gobiernos locales por motivos estrictamente políticos".