Almuñécar firma un protocolo sobre desahucios con la Audiencia y la Junta
El Ayuntamiento de Almuñécar ha suscrito "un importante protocolo de colaboración", en materia de desahucios, con la Audiencia Provincial de Granada y la Junta de Andalucía que supondrá "el establecimiento de un cauce de comunicación" entre estas administraciones a fin de dar lugar a una actuación en la que las personas que van a ser privadas de su vivienda habitual pudiesen, llegado el momento de ser desalojadas, encontrarse en unas condiciones "que garanticen y prioricen su dignidad", posibilitando los recursos sociales disponibles para atender dicha necesidad.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha explicado en una nota que con este protocolo se intenta encontrar caminos "que puedan mitigar la dureza de una actuación tan grave como es la pérdida de la vivienda habitual", posibilitando que los distintos servicios sociales tengan conocimiento por el medio más rápido posible de cualquier situación de especial riesgo de exclusión y vulnerabilidad, permitiendo su temprana intervención una solución anterior al momento del desalojo.
El protocolo, rubricado por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Requena; el secretario coordinador de Granada, Daniel de la Rubia; la alcaldesa del Ayuntamiento de Almuñécar, Trinidad Herrera, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García, "pone de manifiesto que la situación actual de crisis económica afecta tanto al mercado hipotecario como al arrendamiento de vivienda, lo que motiva que muchos ciudadanos se encuentren inmersos en procedimientos de ejecución que terminan en subasta y adjudicación de su vivienda o en procedimientos de desahucio que culminan en su desalojo".
Ante esto, las partes firmantes del protocolo han decidido suscribir el mismo en busca de soluciones "compartidas y democráticas al grave problema" que los desahucios suponen en la sociedad nacional y la granadina, en este caso, "que surge tras la iniciativa del funcionario del cuerpo de gestión procesal Miguel Ángel Herrera Manzano, que dio lugar a la firma de los protocolos en la misma materia con el Ayuntamiento de Granada y con la Diputación Provincial", indica el texto de este protocolo.
La alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, ha indicado al respecto de la firma del protocolo que "por encima de las propias competencias de la administración local, siempre debe prevalecer la preocupación por apoyar a los ciudadanos que se encuentran en circunstancias tremendamente difíciles".
Por su parte, la delegada municipal de Servicios Sociales, María del Carmen Reinoso, ha subrayado la "disposición y total colaboración" de las instituciones firmantes, "porque se trata, en definitiva, de proteger la dignidad de la persona en la peor de las situaciones posibles".
El documento no se centra en aspectos sustantivos del derecho sobre el que "el desahucio acordado se sustenta, sino que incide en aspectos procedimentales y de comunicación sobre el momento en que estos se han de llevar a cabo", han aclarado.
Así, con el fin de posibilitar una solución a los "supuestos de especial vulnerabilidad" que pudiera producirse con ocasión del lanzamiento o desahucio de vivienda en la que el deudor o inquilino tengan su residencia familiar habitual, las actuaciones previstas en el protocolo se referirán a supuestos de desahucio-lanzamiento de primera vivienda ocupada.
Igualmente, el presidente de la Audiencia Provincial de Granada y el secretario Coordinador Provincial han asumido el compromiso de informar a jueces y secretarios de los partidos judiciales de Granada y provincia que corresponda, del contenido y firma del protocolo y de la inclusión en los modelos correspondientes del sistema de gestión procesal 'Adriano' de información de los servicios adscritos de la población correspondiente a su domicilio a los que podrá dirigirse el interesado.
De la misma forma, han señalado, se podrá informar de la existencia del Servicio de Intermediación Hipotecaria existente en esta materia en la Diputación Provincial de Granada, a la cual podrán dirigirse los afectados, siendo atendidos por éste de forma gratuita.