Los resultados electorales del 2 de diciembre pusieron a la derecha en el poder en Andalucía. PP y Ciudadanos obtuvieron el respaldo de los diputados de la ultra derecha (Vox) e invistieron a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta. Las claves del nuevo gobierno andaluz las encontramos en sendos documentos programáticos: pacto PP-Cs y pacto PP-Vox. Hay que remarcar que muchas de las cuestiones reflejadas en dichos documentos programáticos siguen la senda ya iniciada por el gobierno de Susana Díaz y los anteriores gobiernos socialistas. Sin embargo, tras una lectura de ambos pactos no podemos como sindicato de clase sino alarmarnos acerca del carácter de esta nueva agresión a los servicios públicos, a las políticas de género y a los derechos del colectivo migrante.

Voces del anterior gobierno de Susana Díaz se indignan ante los alardes de la derecha en el poder. Pero hay que señalar que las políticas neoliberales que ellos mismos aplicaron (PSOE-A) están en la base misma del descontento que ha hecho que gran parte de sus votantes se queden en casa, siendo estas elecciones las segundas de la historia con un menor porcentaje de participación (58,65%). Por lo tanto, si hablamos de responsabilidad hay que poner también en el punto de mira al propio partido socialista. Los recortes en educación, en sanidad, el favoritismo a la escuela privada-concertada, el escándalo de los EREs, etc están en la base de los hechos del 2 de diciembre.

Bachilleratos suprimidos en la escuela pública

En USTEA no queremos que pasen desapercibidos determinados puntos de los acuerdos programáticos entre las partes del tripartito de derechas. Nos preocupa, y mucho, el apoyo explícito a la escuela privada-concertada (puntos 71 y 72 del acuerdo PP-Cs y punto 15 del acuerdo PP-Vox) y las consecuencias para la escuela pública y sus trabajadoras/es. Dicho apoyo está basado en el concepto de “libre elección de centros que debe tener la familia”. Es preciso señalar que la gran mayoría de estos centros pertenecen a órdenes religiosas católicas y que en muchos de ellos existen momentos colectivos de rezo. Además, tal y como señalan las federaciones de madres y padres, cuestión que ha sido confirmada recientemente por Hacienda, una gran parte de los centros concertados cobran mensualidades a las familias, amén de la subvención pública que reciben. Esta doble manera de seleccionar al alumnado, ideológica y económica, hace que la cuestión de la “libre elección de centro” de las familias sea un verdadero brindis al sol. Es por ello por lo que la escuela pública es la única capaz de garantizar equidad de opciones y respeto a la diversidad.

En la actualidad hay en Granada capital 96 unidades de bachillerato en la Pública, por 56 en la concertada. En esta misma etapa, en la Pública se han perdido este año 1242 alumnos/as, mientras que la concertada ha aumentado en 75. Hasta ahora, el bachillerato era la única etapa, desde el segundo ciclo de infantil en que la concertada estaba por detrás de la pública en la capital. Esto puede cambiar en muy poco tiempo.

Los acuerdos entre PP y Cs y entre PP y Vox contienen la misma medida en sus puntos 72 y 15 respectivamente: “Habilitar progresivamente la implantación del Bachillerato concertado”. Ante una situación de regresión de la natalidad es obvio que la única manera de habilitar los Bachilleratos concertados es suprimir esas mismas unidades de los institutos públicos. No hay otra.

Ante la imposibilidad de saber a ciencia cierta cuántas líneas de bachillerato público se van a suprimir, en USTEA Granada hemos planteado dos posibles escenarios suponiendo que se concertaran todas las unidades que el año pasado se denegaron.

Escenario 1: Se mantienen las actuales zonas de influencia de los centros públicos.

En este escenario, y puesto que la denegación de unidades del bachillerato concertado tiene una incidencia geográfica desigual, la pérdida en los institutos públicos sería muy diferente por zonas. Así, en la tabla siguiente se indican el número de líneas públicas que podrían perderse, cuáles serían los centros afectados y cuál es el descenso correspondiente en la plantilla de profesorado. Como vemos, la zona más afectada sería el Zaidín, en cuyos institutos (Zaidín-Vergeles, Miguel de Cervantes, Pedro Soto de Rojas, Alhambra y Mariana Pineda) podrían llegar a perderse 13 líneas de bachillerato (13 unidades de 1º y 13 de 2º, es decir, 26 unidades). Este hecho supondría un descenso de 43 profesores/as menos en dicha zona. Aunque la incidencia de la pérdida de bachilleratos puede ser desigual en cada uno de los centros del Zaidín, la media sería la de 8,6 docentes menos en cada uno de los institutos mencionados.

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Escenario 2: Desaparecen las actuales zonas de influencia de los centros públicos.

Puesto que durante la campaña los partidos que actualmente gobiernan la Junta hablaban de distrito escolar único y a falta de definir que significa eso, podemos ofrecer los datos globales y suponer que la pérdida de unidades afectaría a todos los centros públicos de la localidad en cuestión. En este caso, en la provincia podrían llegar a perderse 22 líneas completas (44 unidades), repartidas como sigue:

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¿Otros posibles escenarios?

Sin embargo, no hemos valorado aquí la posibilidad de que centros concertados que no han solicitado unidades de bachillerato, lo hagan a partir de ahora, lo cual, ante la oportunidad que se abre, es muy factible. Este nuevo escenario afectaría únicamente a los centros públicos que cohabiten con centros concertados que tengan unidades de la ESO. En ese caso estaríamos hablando de los institutos públicos de las siguientes localidades: Albolote, Atarfe, Baza, Chauchina, Granada, Guadix, Maracena, Motril, Ogíjares y Santa Fé.

La defensa de la escuela pública y de sus puestos de trabajo: matricula a tus hijos e hijas en la Pública

Cuando hablamos de defender la escuela pública, hablamos de un modelo que garantiza la igualdad de oportunidades, pero también hablamos de defender los puestos de trabajo de compañeros y compañeras. En este aspecto hay diferentes esferas de responsabilidad.

La primera de ellas nos compete, como no podía ser de otra manera, a las organizaciones sindicales que defendemos la escuela pública. El sindicalismo de clase debe tener como parte de su ADN la defensa del servicio público y de sus trabajadores y trabajadoras.

Ahora bien, en este aspecto existe una esfera de responsabilidad individual que es ineludible. Los compañeros y compañeras pueden y deben tomar parte en la defensa de sus propios trabajos y de sus propios puestos de destino. La reducción de las plantillas docentes en la escuela pública como consecuencia de la habilitación de las unidades de bachillerato concertado, supone no sólo una reducción de la plantilla de docentes, lo que afectarían principalmente al colectivo interino, sino también una reducción de las plazas a ocupar por el colectivo funcionario (supresiones y desplazamientos por falta de horario), lo que empeoraría las posibilidades de acercarse al municipio de residencia, mermando las cuestiones referentes a la conciliación familiar. Es por ello, por lo que elegir la pública para la escolarización de hijos e hijas se ha convertido, hoy más que nunca, en una defensa del propio puesto de trabajo.

Desde USTEA siempre defenderemos la escuela de todas y todos, pero ahora además hacemos un llamamiento a todos las compañeras y compañeros docentes de la pública para que tomen partido en la defensa de sus intereses y matriculen a sus hijos e hijas en un centro público.