300.000 andaluces afectados por los cinco días de paros a los que se les suspenden sus citas
Una controvertida huelga de médicos
Sobre la polémica huelga de un sector de facultativos y facultativas, concluida la primera tanda de cinco días de paro.
IndeGranada
Una camilla vacía en el Hospital Clínico San Cecilio, en imagen de archivo.
La primera huelga médica estatal de 5 días consecutivos contra la reforma del Estatuto Marco pactada por el Ministerio de Sanidad con los principales centrales sindicales -SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF- concluyó este pasado viernes con un seguimiento un tanto menor con respecto a anteriores convocatorias.
Un desgaste esperable, teniendo en cuenta la aparente desproporción entre el alcance de las movilizaciones (una semana mensual de huelga de forma indefinida, de momento, convocadas hasta el mes de junio) y la ya no tan significativa diferencia entre las demandas conseguidas. Además del hecho relevante de que los convocantes solo representen a una parte de la profesión.
Aun así, Andalucía -movilizados por el potente Sindicato Médico Andaluz (SMA) fue la comunidad de España con mayor apoyo a una huelga, convocada, exclusivamente, por los sindicatos de facultativos y facultativas: junto al SMA, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).
Casi 300.000 andaluces afectados por la huelga. Frente a las altas cifras de seguimiento del SMA, la Junta de Andalucía cifró el seguimiento en un 26,01 por ciento (lunes, 24,72 por ciento; martes, 25,15; miércoles, 27; jueves, 25,12 y viernes, previo al fin de semana, subió al 28,1, siempre según el Servicio Andaluz de Salud).
Un destacado porcentaje que, sin embargo, no alcanzó ni un tercio del total de médicos y médicas, que, en su pleno derecho a la huelga, tendrá como consecuencia el aumento de las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas, en la comunidad autónomas con el mayor de demora media y más abultadas. Uno de los síntomas más notorios de la crítica situación de la sanidad pública andaluza, como han denunciado reiteradamente plataformas ciudadanas, mareas blancas, sindicatos, partidos de izquierda, también en numerosas movilizaciones en defensa de la sanidad pública, que nunca apoyó, por cierto, el SMA.
La huelga de una parte del sector médico obligó a la suspensión de 299.430 actos asistenciales, es decir, afetó a casi 300.000 andaluces y andaluzas, de los cuales 177.281 corresponden a Atención Primaria y 122.149 a Atención Hospitalaria. En los hospitales andaluces se tuvieron que aplazar 96.524 consultas de especialistas; 20.618 pruebas diagnósticas y 5.007 intervenciones quirúrgicas. En cuanto al impacto económico, creció con respecto a la anterior del mes de diciembre, de cuatro días, del 9 al 12 de diciembre, cuando fue de 38 millones. Son datos oficiales de la Junta, facilitados este sábado.
Un destacado porcentaje que, sin embargo, no alcanzó ni un tercio del total de médicos y médicas, que, en su pleno derecho a la huelga, tendrá como consecuencia el aumento de las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas, en la comunidad autónomas con el mayor de demora media y más abultadas. Uno de los síntomas más notorios de la crítica situación de la sanidad pública andaluza, como han denunciado reiteradamente plataformas ciudadanas, mareas blancas, sindicatos, partidos de izquierda, también en numerosas movilizaciones en defensa de la sanidad pública, que nunca apoyó, por cierto, el SMA.
La huelga de una parte del sector médico obligó a la suspensión de 299.430 actos asistenciales, es decir, afetó a casi 300.000 andaluces y andaluzas, de los cuales 177.281 corresponden a Atención Primaria y 122.149 a Atención Hospitalaria. En los hospitales andaluces se tuvieron que aplazar 96.524 consultas de especialistas; 20.618 pruebas diagnósticas y 5.007 intervenciones quirúrgicas. En cuanto al impacto económico, creció con respecto a la anterior del mes de diciembre, de cuatro días, del 9 al 12 de diciembre, cuando fue de 38 millones. Son datos oficiales de la Junta, facilitados este sábado.
El pasado 26 de enero, después de 3 años de negociaciones, los sindicatos generalistas y los que defienden los intereses de colectivos como la Enfermería firmado un acuerdo (pendiente de una larga y compleja tramitación parlamentaria) que modifica el anterior Estatuto Marco de 2003 con aportaciones destacables
Es necesario recordar que el pasado 26 de enero, después de 3 años de negociaciones, los sindicatos generalistas y los que defienden los intereses de colectivos como la Enfermería firmado un acuerdo (pendiente de una larga y compleja tramitación parlamentaria) que modifica el anterior Estatuto Marco de 2003 con aportaciones destacables, como la reducción de las guardias a 17 horas, con descansos de 24 horas antes y después, jornada semanal máxima de 45 horas y la previsión de oposiciones y concursos de traslados.
Defienden el Ministerio de Sanidad y los sindicatos firmantes que el acuerdo supone un claro avance en derechos laborales para todos los trabajadores sanitarios en materia de conciliación, de reducción de horas de trabajo, en materia de jubilación parcial y de estabilidad laboral. Y que es una oportunidad única para que todos los trabajadores y trabajadores sanitarios ganen derechos laborales por primera vez en 20 años, aunque no sean las condiciones ideales.
Mientras, los sindicatos médicos que mantienen las movilizaciones plantean cuatro grandes discrepancias respecto a lo acordado: reclaman que las guardias sean voluntarias, que los doctores en medicina dispongan de una interlocución y un marco liberal bilateral y diferenciado del resto de profesionales de la sanidad y que no se equipare su categoría laboral a la de otros especialistas, aunque estos también cuenten con un doctorado.
El régimen de exclusividad, uno de principales puntos de choque. Hace más de un año, cuando se conocieron los primeros borradores de la reforma del Estatuto Marco, una de las medidas que más indignó a los sindicatos médicos fue la dedicación exclusiva para los puestos directivos de la sanidad pública y para los médicos los cinco primeros años tras el MIR.
Sin embargo, la parte del texto que explicitaba que “el personal graduado en Medicina con formación sanitaria especializada durante los primeros cinco años de vinculación con el Sistema Nacional de Salud tendrá dedicación exclusiva al sector público”, fue eliminado finalmente en el texto pactado, pero mantiene la exclusividad para los directivos.
En concreto, el artículo 35. Supuestos de incompatibilidad sujetos al interés público, señala:
1. Los puestos de cargos intermedios recogidos en esta ley no podrá compatibilizar una segunda actividad o puesto en el sector privado, salvo aquellas excepciones contempladas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
2. El personal estatutario que desempeñe puestos de directivo profesional definidos en esta ley tendrá en todo caso dedicación exclusiva al puesto.
Aunque los sindicatos opuestos a esta reforma fueron centrando su discurso cada vez más en la reivindicación de un estatuto propio y la exclusividad quedó en un papel más secundario, ante lo impopular de su defensa a poder compatibilizar la pública y la privada sin restricciones, en la actual huelga sigue siendo motor de movilización, ante lo que critican, la baja remuneración de estos puestos para el grado de responsabilidad que asumen, lo que es responsabilidad exclusiva de la Junta.
Sin embargo, la parte del texto que explicitaba que “el personal graduado en Medicina con formación sanitaria especializada durante los primeros cinco años de vinculación con el Sistema Nacional de Salud tendrá dedicación exclusiva al sector público”, fue eliminado finalmente en el texto pactado, pero mantiene la exclusividad para los directivos.
En concreto, el artículo 35. Supuestos de incompatibilidad sujetos al interés público, señala:
1. Los puestos de cargos intermedios recogidos en esta ley no podrá compatibilizar una segunda actividad o puesto en el sector privado, salvo aquellas excepciones contempladas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
2. El personal estatutario que desempeñe puestos de directivo profesional definidos en esta ley tendrá en todo caso dedicación exclusiva al puesto.
Aunque los sindicatos opuestos a esta reforma fueron centrando su discurso cada vez más en la reivindicación de un estatuto propio y la exclusividad quedó en un papel más secundario, ante lo impopular de su defensa a poder compatibilizar la pública y la privada sin restricciones, en la actual huelga sigue siendo motor de movilización, ante lo que critican, la baja remuneración de estos puestos para el grado de responsabilidad que asumen, lo que es responsabilidad exclusiva de la Junta.
La reducción del horario de guardia continuada, además de una reivindicación puramente laboral, tiene un impacto sobre la calidad de la atención que los profesionales pueden prestar que, como reclaman los sindicatos de los médicos, puede ser compartida y entendida por los usuarios, conscientes también de la carga de trabajo, por ejemplo, de los médicos de familia, que los atienden con una agenda sobrecargada.
Aunque los pacientes afectados por la huelga también tienen derecho a exigir que las reprogramaciones de consultas, pruebas e intervenciones suspendidas sean diligentes
Aunque los pacientes afectados por la huelga también tienen derecho a exigir que las reprogramaciones de consultas, pruebas e intervenciones suspendidas sean diligentes. Pero con un déficit de miles de profesionales, agravado por la perspectiva de jubilaciones masivas en los próximos años, que obliga a atraer constantemente a médicos de otros países y a ampliar la capacidad de las facultades de Medicina, parece razonable que la reducción sea progresiva, como la acordada ya. También lo son los argumentos de las diversas administraciones con competencias, que advierten de que el sistema no resistiría sin el actual esquema horario.
Tampoco parece realista que un servicio continuo como el que debe presentar el sistema sanitario pueda organizarse racionalmente a partir de la voluntariedad de las guardias. No hay ningún país donde la actividad asistencial no vaya acompañada de guardias o actividad de urgencias y, como ha repetido la ministra de Sanidad, Mónica García, “romperían el sistema”.
Sillas de ruedas para desplazar a pacientes en la entrada a urgencias. IndeGranada.
En cuanto a las reclamaciones puramente corporativas, como disponer de un estatuto marco propio y una interlocución directa, en el nuevo Estatuto Marco existe un capítulo específico para los médicos.
Los médicos pueden reclamar que las especificidades de su categoría profesional y su desempeño tengan acogida en la normativa general, pero no debería extrañar que no conciten complicidades en sus demandas, más allá de las que puedan recabar en su propio colectivo.
Afinidad entre el SMA y la Junta. Una de las primeras medidas del primer Gobierno de derechas de Andalucía fue la polémica decisión de pagar el complemento de exclusividad a los médicos de la sanidad pública que también trabajaban en la privada, lo que en aquel julio de 2019 fue cifrado en un coste adicional de 50 millones.
La medida, desaprobada por los sindicatos mayoritarios fue aplaudida, sin embargo, por el SMA, que mediante el PP consiguió llevar la propuesta al Parlamento andaluz en la legislatura precedente, que la rechazó con los gracias a los votos del PSOE, que entonces gobernaba, Podemos e IU y con el apoyo del PP, que presentó la iniciativa, y Ciudadanos.
Jesús Aguirre, primer consejero de Salud y Familia, -vicepresidente del Sindicato Médico Andaluz en Córdoba (1998-2001)-, que fue recibido con loas y enhorabuenas por el SMA, cambió el nombre del complemento que, desde entonces, perciben todos los facultativos, lo que supuso una clara declaración de intenciones del Gobierno de derechas con respecto a la defensa de la sanidad pública, que fue debilitando, hasta la extenuación a partir de la mayoría absoluta del PP.
La afinidad entre el SMA y el Gobierno de mayoría absoluta del PP continúa desde entonces. En la primera reunión con el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en octubre pasado, el SMA le trasladó “la demanda y necesidad de un cambio de modelo sanitario en la Comunidad Autónoma”.
Pero no hacia la defensa de un sistema público sanitario de calidad, se referían, exclusivamente a que incluyera “una mejora de la situación laboral y retributiva del colectivo médico y facultativo, como única vía para paliar el grave déficit de médicos en el sistema sanitario público”. Además, de “la importancia de establecer un marco normativo específico que la regule y un ámbito de negociación propio”.
La medida, desaprobada por los sindicatos mayoritarios fue aplaudida, sin embargo, por el SMA, que mediante el PP consiguió llevar la propuesta al Parlamento andaluz en la legislatura precedente, que la rechazó con los gracias a los votos del PSOE, que entonces gobernaba, Podemos e IU y con el apoyo del PP, que presentó la iniciativa, y Ciudadanos.
Jesús Aguirre, primer consejero de Salud y Familia, -vicepresidente del Sindicato Médico Andaluz en Córdoba (1998-2001)-, que fue recibido con loas y enhorabuenas por el SMA, cambió el nombre del complemento que, desde entonces, perciben todos los facultativos, lo que supuso una clara declaración de intenciones del Gobierno de derechas con respecto a la defensa de la sanidad pública, que fue debilitando, hasta la extenuación a partir de la mayoría absoluta del PP.
La afinidad entre el SMA y el Gobierno de mayoría absoluta del PP continúa desde entonces. En la primera reunión con el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en octubre pasado, el SMA le trasladó “la demanda y necesidad de un cambio de modelo sanitario en la Comunidad Autónoma”.
Pero no hacia la defensa de un sistema público sanitario de calidad, se referían, exclusivamente a que incluyera “una mejora de la situación laboral y retributiva del colectivo médico y facultativo, como única vía para paliar el grave déficit de médicos en el sistema sanitario público”. Además, de “la importancia de establecer un marco normativo específico que la regule y un ámbito de negociación propio”.
