La Junta de Andalucía, el Gobierno central y los abogados granadinos han constituido la comisión provincial de seguimiento para coordinar la prestación del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, que se reanudó el pasado mes de marzo en todas las cárceles andaluzas.

La comisión se ha configurado este miércoles en Granada con la asistencia de la directora general en funciones de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta, Carmen Belinchón; representantes del Colegio de Abogados de Granada, Fernando Conde y el director del centro penitenciario de Albolote, Jaime Hernández.

Creadas recientemente las de Málaga, Córdoba, Sevilla y Jaén, los próximos días 26 y 27 de mayo se constituirán las comisiones de Huelva y Almería, respectivamente.

Todas estas comisiones y la que se constituyó a nivel autonómico el pasado abril con la participación del presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, y un representante de Ministerio del Interior, centralizan la coordinación del Servicio Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria para velar por el buen desarrollo y prestación del mismo en los todos centros penitenciarios de la comunidad.

El convenio estará en vigor tres años

La población reclusa de Andalucía puede solicitar desde marzo este servicio gratuito de orientación jurídica penitenciaria que financia la Consejería de Justicia e Interior y que prestan los colegios de abogados andaluces y por el que se le facilita a los reclusos es asistencia sobre cuestiones más comunes como las relacionadas con permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o asesoramiento sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita, entre otras.

Letrados especialistas en materia penitenciaria prestan la orientación jurídica en dependencias de las prisiones en horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces.

El nuevo convenio para la reanudación de este servicio para la población reclusa fue firmado por la Consejería de Justicia e Interior, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el Ministerio del Interior y tiene una vigencia de tres años prorrogables y está financiado al completo por la Junta, con una dotación inicial de 140.000 euros anuales.

El convenio establece un mayor control del gasto que hacen los colegios de abogados de los fondos públicos destinados a este servicio, a la vez que se prevé la elaboración de un plan de calidad y se regula la participación de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior, en la certificación de las asistencias o el control de los horarios y días de prestación.