El PP quiere que la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), a la que aspira Granada, también evalúe la calidad asistencial de las políticas sanitarias que se adopten en España.

El PP ha enmendado el propio título del texto para que el organismo pase a llamarse Agencia Estatal de Salud Pública y de Evaluación de Políticas Sanitarias, al incluir esta nueva competencia del organismo estatal, que asumiría el desarrollo y ejecución de las funciones técnicas del Ministerio de Sanidad en materia de vigilancia en salud pública

Lo reclama en las últimas enmiendas que el Grupo Popular ha presentado al proyecto de Ley, que encara la recta final de la tramitación. En concreto, en el artículo 2 de texto normativo, en el que se describen los objetivos y funciones de la futura agencia.

De hecho, el PP ha enmendado el propio título del texto para que el organismo pase a llamarse Agencia Estatal de Salud Pública y de Evaluación de Políticas Sanitarias, al incluir esta nueva competencia del organismo estatal, que asumiría el desarrollo y ejecución de las funciones técnicas del Ministerio de Sanidad en materia de vigilancia en salud pública.

Un presidente de "experiencia y prestigio"

En una propuesta de disposición adicional, el PP precisa que la Agencia Estatal de Salud Pública esté dirigida por un presidente “de reconocido prestigio y experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional en el ámbito sanitario”. Este responsable será nombrado por el Consejo de Ministros “a propuesta del Ministerio de Sanidad” y “previa comparecencia” del mismo ante el Congreso de los Diputados “con el fin de que examine si la experiencia, formación y capacidad son adecuadas para el cargo”.

“El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, aceptará la propuesta -añade el texto-. Si transcurridos 15 días desde la comparecencia no hubiera aceptación, será suficiente la mayoría simple de la Comisión competente del Senado para manifestar la aceptación”, señala la propuesta del PP.

El responsable del nuevo organismo, segúnla propuesta del PP, permanecería en el cargo seis años no renovables y solo cesaría antes a petición propia, por estar incurso en alguna causa de incompatibilidad, por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de sus funciones, por incumplimiento grave de sus obligaciones o por condena por delito doloso.

El responsable del nuevo organismo, segúnla propuesta del PP, permanecería en el cargo seis años no renovables y solo cesaría antes a petición propia, por estar incurso en alguna causa de incompatibilidad, por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de sus funciones, por incumplimiento grave de sus obligaciones o por condena por delito doloso

También recoge en otra enmienda la petición de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria de creación de redes de trabajo con capacidad científico-técnica que, si bien estaba incluida en el Estatuto, se pretende blindar con rango de ley. Igualmente, incluye la creación de órganos "de buen gobierno" para la coordinación intersectorial y la participación de la sociedad civil "bajo el enfoque de salud en todas las políticas".

Finalmente, el PP también insiste en la necesidad de "dejar claro" el respeto al marco competencial por parte de la agencia para no tener que incluirlo en cada una de las funciones.

Precisamente, con respecto a este marco competencial, también han tenido sus reservas PNV y Junts. En su caso, han registrado enmiendas conjuntas con el objetivo de "salvaguardar" las competencias de País Vasco y Cataluña, después de haber retirado en febrero las dos enmiendas a la totalidad que presentaron también por "invasión competencial" a las comunidades autónomas.

Y así, piden una mejor "definición" de las funciones del organismo para asegurar que no se invaden competencias de las comunidades autónomas, como ya reclamaron en febrero. "Consideramos necesario que la Ley de Creación de la Agencia Estatal de Salud Pública recoja su funcionamiento, organización y funciones con claridad y suficiente detalle, ya que pueden entrar en colisión con las funciones de otras Administraciones Públicas", se recoge en la enmienda conjunta.

PNV y Junts piden una mejor "definición" de las funciones del organismo para asegurar que no se invaden competencias de las comunidades autónomas

Asimismo, piden que esta ley "recoja la necesidad de colaboración y de relación bilateral con otros organismos competentes para el correcto funcionamiento de la misma".

En lo que respecta al artículo 6, relacionado con la obligación de suministrar datos a la AESAP para establecer controles epidemiológicos, tanto PNV como Junts señalan que las administraciones públicas, instituciones, entidades y organismos del sector público y privado, así como las personas físicas o jurídicas de cada territorio deben suministrar los datos "a las comunidades autónomas u organismos de las mismas de la comunidad a la que pertenezcan".

"Es imprescindible que sea así, ya que son funciones encomendadas a las CCAA. Es necesario acordar previamente a la aprobación por real decreto en el Consejo Interterritorial los indicadores y datos a suministrar, sin perjuicio de que los organismos competentes en Salud Pública en las CCAA puedan acordar entre ellos bilateralmente o con la Agencia trabajos y datos extras", se recoge en el documento presentado por PNV y Junts.

En este sentido, para ambos es "necesario" garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas vigentes en las CCAA y en otras administraciones competentes en salud pública. También reclaman un "acuerdo previo" entre las mismas, en relación a qué se considera "información necesaria" y de obligado conocimiento para los fines que persigue la agencia.

El PP recoge en sus enmiendas que el nuevo organismo estatal “realizará la parte correspondiente a la evaluación del riesgo para la salud humana de los biocidas y los fitosanitarios”, correspondiendo la gestión, autorización y registros “a los departamentos ministeriales competentes”

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

El PP propone, además, que la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (cuya reforma habrá de acometer la propia agencia) ponga el foco también sobre la zoonosis y las enfermedades emergentes entre las patologías transmisibles a vigilar, además de incorporar las no transmisibles, lesiones, otros condicionantes de la salud, sus determinantes sociales y las inequidades.

De forma paralela, el PP recoge en sus enmiendas que el nuevo organismo estatal “realizará la parte correspondiente a la evaluación del riesgo para la salud humana de los biocidas y los fitosanitarios”, correspondiendo la gestión, autorización y registros “a los departamentos ministeriales competentes”.

“Asimismo, evaluará los riesgos derivados del uso y comercialización de sustancias y mezclas químicas y la identificación de sus efectos peligrosos en la relación con la salud humana”, añade.

En este sentido, defiende que el organismo evalúe “la implementación de políticas sanitarias en el conjunto del sistema”, coordinándose para tal fin con las comunidades autónomas y los agentes que conformen el sector y haciendo públicos los resultados de su trabajo “para favorecer las mejores prácticas y promover la excelencia”.