Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional, así como la Policía Nacional de Ecuador, han desmantelado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de cocaína desde Ecuadora través de contenedores de fruta, y al blanqueo de capitales usando un complejo entramado empresarial. 

La investigación se inició en 2020 cuando se detectó en nuestro país a un empresario italiano de origen argentino, asentado en la localidad de Marbella, que controlaba un amplio abanico de empresas -compañías dedicadas a la producción y exportación de plátanos desde Ecuador a Europa, centros deportivos en Marbella, centros comerciales en Granada y negocios de hostelería y ocio nocturno- sobre las que se detectaron indicios de financiación oculta detrás de una apariencia mercantil legal.

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Las investigaciones llevadas a cabo por las unidades antidroga y el análisis financiero realizado por los expertos policiales en blanqueo, tanto de Policía Nacional como de la Agencia Tributaria, permitieron establecer la existencia de vínculos entre el investigado y el tráfico de drogas por vía marítima, lo que se comunicó a la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, que asumió la investigación, autorizando una serie de medidas de investigación, haciéndose cargo posteriormente el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional.

La complejidad de la investigación, según ha informado la Policía Nacional, exigió que se recurriera a la cooperación internacional, coordinada a nivel judicial por la Fiscalía Especial Antidroga, y a nivel policial por Europol, así como a la colaboración de los consejeros de Interior de España en Ecuador y Rusia, y los agregados de Interior en Albania, Bélgica, Países Bajos y Turquía.

Comenzó así un fluido intercambio de información con la Policía Nacional de Ecuador, en cooperación con la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Ecuador, todo ello a través de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI) y el Juzgado Central de Instrucción número uno. 

A través de empresas exportadoras de fruta 

La investigación permitió detectar que la organización criminal presuntamente era dirigida por un ciudadano albanés asentado en Ecuador y por el empresario italiano residente en Marbella. Ambos dirigían empresas productoras y exportadoras de fruta desde Ecuador a todo el mundo, con un volumen de negocio de cientos de contenedores exportados al año, lo que permitía una cobertura perfecta a su holgada situación económica, con gastos millonarios como la adquisición de inmuebles en lugares exclusivos de Marbella, Guayaquil o Dubái, o la apertura de nuevas vías de negocios, como el ocio nocturno o el deportivo, y el disfrute de un altísimo nivel de vida.

Las indagaciones de los agentes permitieron revelar que ambos individuos aprovechaban las exportaciones de sus empresas para ocultar cocaína en los contenedores, para lo que contaban con la colaboración de personal en los puertos o de empresarios dedicados a la importación de fruta, que simulaban una relación lícita de comercio para introducir la droga en sus países.

La organización usaba diversos métodos para enviar el estupefaciente, pero tras la incautación en 2020 de más de 1.100 kilos de cocaína en uno de sus contenedores por las autoridades de Países Bajos, los investigados comenzaron a realizar pequeños envíos de entre 15 y 40 kilos de estupefaciente, contaminando varios contenedores a un mismo importador, y usando la estructura de los contenedores para ocultar la cocaína, de forma que, si era interceptada, la empresa exportadora negaba su implicación en el envío ilícito.

La organización estaba perfectamente estructurada, siendo el empresario albanés el encargado de introducir la droga desde Colombia a Ecuador, teniendo, según los investigadores, un contrato con sus suministradores colombianos para recibir 4.000 kilos de cocaína al mes, preparando posteriormente los contenedores para su envío a diversos países. Para ello contaba con personas de la organización, tanto en las empresas exportadoras que controlan, como en el propio puerto de Guayaquil, para asegurar la salida de los contenedores.

El investigado asentado en Marbella presuntamente se encargaba de proveer la logística de sus empresas de exportación para realizar envíos de cocaína y de coordinar el entramado financiero dirigido al blanqueo de capitales, contando con un gestor especializado en esta materia, realizando diversas recogidas de dinero en metálico para introducirlos en el mercado legal.

Para la actividad de blanqueo contaba con un complejo entramado financiero, el cual era diseñado y gestionado por un experto blanqueador, afincado en Marbella, que facilitaba el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos

Para la actividad de blanqueo contaba con un complejo entramado financiero, el cual era diseñado y gestionado por un experto blanqueador, afincado en Marbella, que facilitaba el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos, siendo objeto de una Orden de Investigación Europea de las autoridades de Países Bajos, que también se ha coordinado en el marco de esta investigación.

Ambos empresarios contactaban con las personas encargadas de recibir la droga en los diversos países, negociando los costos de la operación criminal, el reparto de beneficios, la recolección del dinero debido y demás detalles. Durante la investigación los agentes detectaron entregas de dinero en Barcelona entre ciudadanos ecuatorianos y el entorno del empresario español, llegándose a intervenir en 2021 un millón de euros ocultos en el interior de un vehículo.

La investigación ha permitido acreditar envíos de droga de la organización a Países Bajos, Bélgica, Rusia, Rumanía, Albania y España, siendo incautados entre 2019 y 2022 un total de 3.210 kilogramos de cocaína en diversos países y 200 kilos del estupefaciente en España. En nuestro país, la organización contaba con dos empresarios para realizar la introducción de droga a través del puerto de Algeciras, que han sido detenidos y vinculados con el narcotráfico en anteriores operaciones. 

La investigación ha necesitado de una amplia labor de análisis de operaciones financieras de ámbito internacional, para poder desentrañar la compleja estructura que daba cobertura a la inversión de las ganancias ilícitas en nuestro país. Utilizaban complejas operaciones comerciales simuladas de carácter internacional que permitían crear una apariencia de legalidad a los fondos ilícitamente obtenidos y que, una vez introducidos en el sistema económico, permitían invertirlos tanto en bienes inmuebles como en negocios en plena explotación, que a su vez permitían, mediante su explotación económica, obtener ganancias completamente blanqueadas.

Estas estructuras creadas y diseñadas presuntamente por el experto financiero y gestionadas por toda una serie de testaferros y personas de confianza de los principales investigados, permitían ocultar la verdadera titularidad de los bienes adquiridos, siendo los jefes de la organización los que realmente controlaban y finalmente se beneficiaban de las mismas.

El análisis por parte de los investigadores ha permitido aflorar un patrimonio blanqueado por valor de 36 millones de dólares en Ecuador y 12 millones de euros en España y detectar cómo varios de los investigados estarían blanqueando sus beneficios ilícitos a través de la adquisición de criptoactivos.

800 agentes coordinados en 62 entradas y registros

La investigación culminó el pasado seis de febrero en un operativo en el que intervinieron más de 800 efectivos policiales en España y Ecuador, realizándose 62 entradas y registros (40 en Ecuador y 22 en España) de manera coordinada, con la participación de policías de ambos países en el dispositivo, lo que ha permitido incautar una gran cantidad de dinero, armas y efectos.

En los registros llevados a cabo en España en las provincias de Málaga, Barcelona, Granada, Madrid, Valencia, Cádiz y Sevilla, se han intervenido casi 500.000 euros en efectivo, más de 12.000 dólares, dinero en metálico de otras monedas extranjeras, un arma corta, 12 vehículos, relojes de alta gama, terminales móviles y material informático. También se han inmovilizado inmuebles por un valor aproximado de 12 millones de euros, bloqueado 88 productos financieros e intervenido judicialmente cuatro empresas.

En Ecuador se han intervenido más de 2.300.000 dólares, nueve vehículos, nueve armas de fuego, se han inmovilizado 22 inmuebles y múltiples productos financieros y se han intervenido seis entidades jurídicas, permitiendo detectar un patrimonio blanqueado de 36 millones de euros. 

La investigación ha permitido la detención de 32 personas, 18 en Ecuador, uno en Reino Unido y 13 en las provincias españolas de Málaga (7), Barcelona (2), Madrid (2), Cádiz (1) y Valencia (1).

En el operativo también ha participado personal especializado de Europol en labores de inteligencia, y miembros de la FIOD de Países Bajos, en el marco de la investigación contra el gestor financiero de la organización. 

La investigación, que ha contado con la financiación de fondos europeos a través de los Fondos de Seguridad Interior de la Comisión Europea, continúa abierta recabándose nuevos indicios y ampliando las personas vinculadas a la organización, tras los resultados obtenidos en los registros realizados.

Financiado a través de mecanismos financieros de la UE

Agentes de la Policía Nacional Española, con el apoyo de Europol, llevaron a cabo estas operaciones conjuntas en colaboración con Ecuador y alineadas con la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea. Dicha estrategia se enfoca en cuatro puntos clave: establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo.

Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME por sus siglas en inglés), junto con las agencias de la UE y fondos específicos de la UE, como los Fondos de Seguridad Interna (ISF por sus siglas en inglés), respaldan a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio. Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.