La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha defendido este viernes su decreto para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Andalucía e insiste en que esta norma "refuerza" las competencias municipales al otorgarle la capacidad sancionadora y recaudatorio para la vigilancia y control de las actividades de los VTC.

La Consejería que dirige Marifrán Carazo espera que "no tenga ningún recorrido

Así lo ha apuntado tras conocerse el recurso presentado por 55 diputados del Congreso --entre ellos de de Unidas Podemos, Compromís, Bildu o Junts Per Catalunya-- y apoyado por el sector del taxi andaluz, que la Consejería espera que "no tenga ningún recorrido". Es más, ha considerado "absurdo" que parta de partidos de otras comunidades que, a su juicio, "no deberían inmiscuirse en leyes de otras comunidades que ni conocen ni les afectan".

La Consejería ha señalado la legalidad del decreto y ha recordado que se está elaborando el reglamento que lo desarrolla. "Pedimos la colaboración de todas las partes implicadas, puesto que está en el trámite de audiencia", ha detallado.

De igual manera, la Consejería que dirige Marifrán Carazo, tanbién candidata a la Alcaldía de Granada por el PP, ha advertido de que su labor ha sido desarrollar la iniciativa legislativa impuesta por el real decreto-ley del que fuera ministro socialista de Transportes José Luis Ábalos.

"Nos obligan a todas las comunidades a regular los servicios ofrecidos por las VTC antes de octubre de 2022 y es lo que hicimos. Si el Estado hubiera querido ofrecer uniformidad en esta regulación no debería haber generado este descentralización de las competencias", argumenta.

Sin embargo, el colectivo de taxistas ha tildado este viernes de "atropello político" lo acometido por el Gobierno andaluz mediante el "decreto chapucero" que regula los vehículos de alquiler con conductor (VTC), por lo que, "traicionados" según ellos, han apoyado la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso.