Las 51 familias afectadas por la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) que no llegó a ejecutarse en los terrenos de la Azulejera de Granada han confiado en "alcanzar un acuerdo" con el nuevo gobierno socialista en el Ayuntamiento para recuperar los 250.000 euros que adelantaron en su día por estas casas.

De hecho, el colectivo prevé reunirse en los próximas días con el alcalde, Francisco Cuenca, y el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, para encontrar solución a un conflicto que se prolonga desde hace seis años por la negativa del anterior gobierno local, del PP, a devolverles el dinero que les fue retenido en concepto de licencias de obras y penalizaciones por unas viviendas que nunca se construyeron.

Vanesa García, una de las portavoces de las familias afectadas, ha relatado a Europa Press que el cambio de signo político en el Consistorio supone una "esperanza" para ellos, en tanto que el PSOE siempre se situó de su lado antes de acceder al gobierno, al igual que lo hicieron el resto de los grupos de la oposición (IU, Vamos Granada y Ciudadanos).

La posibilidad de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento es casi la única vía que manejan estas familias para recuperar su dinero, después de que la Fiscalía haya archivado la investigación que abrió hace unos meses por posibles irregularidades en la licitación pública de los terrenos de la Azulejera por parte de la extinta empresa municipal de vivienda y suelo, Emuvyssa.

La Fiscalía dio este paso a raíz de la denuncia interpuesta por la Cooperativa La Azulejera contra Emuvyssa alegando supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de estos terrenos públicos a una mercantil, pero finalmente ha estimado que los vecinos aceptaron el procedimiento y todas las obligaciones que éste conllevaba, al margen de que "hubiera o no algo irregular", relata García.

Reconoce que los afectados no quieren hacerse "muchas ilusiones" porque temen que la situación de "déficit" en la que pueda encontrarse el Ayuntamiento prolongue aún más este asunto, si bien esperan que el equipo de gobierno socialista se abra a negociar el pago de al menos una parte de la cuantía que adelantaron, ya que por causas "ajenas" ahora no tienen "ni su dinero ni sus casas".