El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga el llamado 'caso Romanones' sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes a menores, tomará declaración el 11 de noviembre a nuevos testigos propuestos por la defensa del único imputado, el padre Román M.V.C..

También está previsto que en los próximos días se conozca el resultado de la pericial informática sobre el contenido del material incautado al grupo de sacerdotes en los registros que se practicaron en su momento y está pendiente el resultado de una prueba psicológica practicada al primer denunciante, que llevó su caso ante el Papa Francisco, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Los testigos citados por la defensa del padre Román, ejercida por el letrado Javier Muriel, son personas que conocen a los sacerdotes que estuvieron imputados inicialmente y la vida de la parroquia vinculada a este caso, por lo que, a juicio de la defensa, pueden aportar datos sobre la "realidad de esta situación".

La Audiencia de Granada confirmó el pasado septiembre que la causa, cuya instrucción se prevé que concluya en las próximas semanas, sólo continuará contra el considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C., al declarar prescritos los delitos atribuidos a los otros once imputados.

De este modo, la Audiencia desestimó los recursos planteados por la acusación particular y popular al auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que ya el pasado febrero consideró prescritos los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares y acordaba mantener sólo la imputación contra el presunto líder del grupo por los hechos que presuntamente cometió sobre el primer denunciante porque podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con prevalimiento.

Carta al Papa

El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.

Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados.

El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse".

El 'caso Romanones' también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los "escándalos" que afectaban entonces a la Iglesia.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha acordado recientemente declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación con estos hechos, al considerar que las personas imputadas, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado.

Mantiene además el juez que los hechos se producen "por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento  y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial".

Paralelamente, el Juzgado de lo Social número 1 de Granada declaró el pasado septiembre la nulidad del despido del profesor de Religión que fue detenido en el marco de este caso y ha condenado a la Junta de Andalucía a readmitirle, al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

También ha condenado a la Junta a abonarle los salarios que ha dejado de percibir en este tiempo y tanto la administración autonómica como el Arzobispado de Granada, que le retiró la idoneidad para impartir la asignatura de Religión, deberán indemnizarle de manera solidaria con 6.000 euros por los daños morales causados tras su despido. Tanto la Junta como el Arzobispado han recurrido la sentencia.