El Juzgado de Instrucción 2 de Motril ha culminado, cinco años después, la investigación del incendio forestal iniciado el 8 de julio de 2015 y que calcinó más de 2.000 hectáreas en la Sierra de Lújar, el más devastador de los últimos años en la provincia, que obligó al desalojo de 600 vecinos, y ha procesado a ocho personas por un delito de incendio, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. 

El incendió afectó a los términos municipales de Lújar, Rubite, Órgiva, Motril y Vélez de Banaudalla y de las 2.147 hectáreas arrasadas, 1.580 eran de superficie forestal, con zonas de alcornocal centenario de gran valor ambiental, y pinar, que formaban una singularidad ecológica relevante sobre el entorno, según declaró en su momento el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El Juzgado de Instrucción 2 de Motril ha dictado auto de procedimiento de abreviado dando por finalizada la instrucción y ha procesado a estas ocho personas, que son trabajadores de Endesa y de dos empresas subcontratadas, por un delito de incendio. Por su parte, las compañías Endesa y Mapfre están investigadas como responsables civiles subsidiarias. En su día, el origen del fuego se atribuyó a una chispa de un cable de alta tensión.

La Audiencia Provincial de Granada ya ha confirmado el auto de procedimiento abreviado y la causa está pendiente ahora de la presentación de los escritos de acusación, según han detallado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Este mismo juzgado archivó en un principio la causa, pero el Ayuntamiento de Lújar pidió que se reabriera reclamando que se depuraran responsabilidades, ya que entonces hasta "tres informes apuntaban al titular de los tendidos eléctricos por infracción en sus deberes de prevención".

El ayuntamiento mantenía en aquel momento que la empresa --en régimen de externalización-- que prestaba a Endesa el servicio de limpieza de las torres eléctricas y observancia de los planes de prevención tenía que responder acerca de la falta de limpieza del entorno de las torres de electricidad, lo que a su juicio no excluía la responsabilidad de la misma compañía eléctrica como titular de las instalaciones.