La memoria histórica se estudiará en las aulas
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que establece el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en la comunidad autónoma, bajo los principios de verdad, justicia y reparación. Se trata del mismo texto legal remitido al Parlamento andaluz el pasado año por el gobierno de coalición de PSOE-A e IULV-CA que no pudo ser aprobado al agotarse la legislatura.
La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha defendido en rueda de prensa que se trata de una ley "a todas luces necesaria e imprescindible" que sigue las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas sobre esta materia y permitirá "hacer más fuerte y más sólida nuestra democracia".
Ha subrayado que con este paso, la Junta cumple el compromiso que adquirió ante el Parlamento, con las familias de las víctimas y asociaciones, de llevarla al Consejo de Gobierno en octubre, y que se remite en el mismo texto que en la pasada legislatura para no demorar el debate parlamentario. No obstante, ha explicado que son conscientes de que el texto sufrirá "modificaciones" y que de hecho presentará tres enmiendas para adaptar esta Ley de Memoria Democrática a la Ley de Patrimonio Histórico.
Aguilar ha insistido en que su voluntad es que sea "una ley de todos" para lo que buscará "desde el diálogo" el encuentro y el consenso con la demás fuerzas parlamentarias en el debate, con las organizaciones y las familias de las víctimas, ya que es "el mejor camino para concitar la unanimidad". Este texto, ha agregado, es "participado y participativo" y busca que todos "caminemos juntos hacia el futuro y que a nadie, porque hayamos conseguido un buen nivel de convivencia y libertad, se le ocurra mirar para atrás".
La consejera ha destacado que el proyecto normativo se adapta y supera la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.
La ley amplía la consideración de víctima y refuerza la protección de los espacios
Entre otras novedades, la ley ampliará la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la Junta para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.
Su estructura se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales.
Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas.
Asimismo, y de acuerdo con los ayuntamientos, prevé la elaboración de un censo de carácter público, iniciativas de dignificación de las fosas comunes y el establecimiento del 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas, cuando se conmemora la primera exhumación oficial de una fosa común, que tuvo lugar en Lecrín (Granada) en 2003.
Lugares de la memoria
El texto legal refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática, regulados por un decreto autonómico de 2011, así como recoge la creación del Inventario de Lugares y Senderos de la Memoria. En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo.
En relación con los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.
Los artículos dedicados a las fosas comunes incluyen disposiciones para facilitar la recuperación e identificación de los restos y establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores. Asimismo, la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación de las víctimas y crear un banco de datos de AND.
Otra de las novedades recogidas es la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones de víctimas.
Educación
Igualmente novedosa es la previsión de incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información "rigurosa" sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, y se impulsará la colaboración con las universidades andaluzas para que incorporen esta materia a sus planes de estudios.
De otro lado, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social, y del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.
Las infracciones más graves con 150.000 euros de multas
Las infracciones más graves que recoge el régimen sancionador de la norma fija en multas de entre 10.001 y 150.000 euros, por remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización, mientras que entre las leves (200-2.000 euros) figuran la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos; impedir la visita pública, y dañar los espacios o el mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria.
Según los estudios realizados, se calcula en alrededor de 60.000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura, mientras que hasta el momento, se han realizado unas 70 intervenciones.
La Junta, en colaboración con las universidades públicas, también ha promovido la investigación sobre los tribunales de Responsabilidades Políticas, sobre el exilio andaluz y sobre los tribunales de Represión de la Masonería y el Comunismo. Además, la consejera del ramo ha destacado que este proyecto de ley es la culminación de "más de 15 años de experiencia en políticas de memoria en Andalucía".
De otro lado, y ante las críticas que suscitó su gestión como alcaldesa de Córdoba por asociaciones de memoria, Rosa Aguilar ha defendido el papel que desarrolló durante su etapa en el Consistorio cordobés, que ha emplazado a ubicar en la realidad del momento, cuando, ha explicado, los ayuntamientos no tenían potestad para tomar ciertas decisiones relacionadas con la memoria histórica.
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