Agentes de la Policía Nacional, junto con el Servicio de Empleo Público Estatal en Granada (SEPE) y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada, han desarrollado un operativo contra el fraude a las prestaciones de cobro indebidas mediante la comunicación de altas y bajas en el sistema de la Seguridad Social, sin cotización alguna. El importe defraudado asciende a unos 400.000 euros y por el momento han sido investigadas un total de 27 personas de las cuales 22 han sido detenidas en Granada, Motril, Almendralejo, Málaga y Sevilla, no descartándose nuevas detenciones de residentes en otras provincias o comunidades autónomas.

Según explica la Policía, la operación la iniciaron agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (U.D.E.F.) de Granada el pasado julio tras ser ordenada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada en virtud de una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial, basada en un informe técnico elaborado por la Unidad Especializada de la Seguridad Social y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada.

En un primer momento las pesquisas se centraron en Granada, donde han sido detenidas 22 personas entre ellas un empresario autónomo y 21 de los supuestos trabajadores que habrían sido dados de alta de forma ficticia. Posteriormente abarcó otros municipios como Motril y otras provincias, donde ha sido investigado otro supuesto trabajador de la trama, Almendralejo (Badajoz), Málaga y Sevilla, no descartándose nuevas detenciones o investigaciones contra otras cuatro personas que residen en otras provincias o comunidades autónomas.

Las prestaciones fraudulentamente obtenidas afectaban al desempleo, prestación contributiva, maternidad, incapacidad temporal y plan Prepara.

Según se desprende de la investigación, los denunciados habían simulado una relación laboral inexistente con la finalidad de obtener prestaciones por desempleo o de otra índole (prestación contributiva, maternidad, incapacidad temporal, plan Prepara), indebidas, mediante la comunicación de altas y bajas en el sistema de la Seguridad Social, sin cotización alguna y con el único fin de obtener la carencia necesaria para el disfrute indebido de los referidos derechos y prestaciones.

Se estima que, tras la comisión de estos ilícitos penales, el fraude total relativo al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social ascendería a unos 400.000 euros.