Las acusaciones particular y popular en el caso 'Romanones', en el que se investigan los supuestos abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes a menores en Granada, han mostrado su "decepción" después de que la Audiencia Provincial haya confirmado la prescripción de los delitos atribuidos a once de los doce imputados, de forma que la causa sólo continuará contra el considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C..

El abogado del principal denunciante en el caso, el letrado Jorge Aguilera, ha recordado en declaraciones a Europa Press que la decisión de la Audiencia es "firme" y desde el punto de vista procesal no se puede hacer "nada salvo acatarla", "aunque nos pese".

Su cliente de hecho se siente "decepcionado" con esta resolución, pues "quien denuncia unos hechos no entiende de prescripciones", pero seguirá manteniendo su confianza en la justicia.

Por su parte, la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), personada como acusación popular, ha tachado de "injusta" la decisión del tribunal y advierte de que "once abusadores de niños están ahora brindando con champán".

"Los que luchamos por defender los derechos de los niños estamos de duelo, nos parece una resolución injusta", ha señalado a Europa Press el presidente de Prodeni, Juan Pedro Oliver, quien se ha mostrado contrario a que un delito vinculado con el abuso a un menor pueda prescribir a los cinco años.

"Nos parece que eso es desconocer lo que es un abuso a un menor y lo que les cuesta a ellos hablar de estas cosas", ha sostenido Oliver, para quien la Audiencia ha hecho "una aplicación fría de la ley, pero no ha hecho justicia".

Estas declaraciones se producen después de que la Sección Primera de la Audiencia haya desestimado los recursos planteados por la acusación particular y popular al auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga el asunto, y haya declarado prescritos todos los delitos que se imputaban a once de los doce imputados.

Ya el pasado febrero, el titular de este Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, declaró prescritos los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares y acordaba mantener sólo la imputación contra el presunto líder por los hechos presuntamente cometidos por él mismo sobre el primer denunciante porque podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con prevalimiento.