Te ofrecemos el manifiesto íntegro: 

 

 

Una Democracia digna de tal nombre no puede asentarse en la prolongada impunidad de los victimarios, la desconsideración a los derechos humanos de las víctimas de la dictadura y el incumplimiento por parte del Estado de los convenios internacionales que definen los delitos de lesa humanidad y de genocidio como imprescriptibles y no sujetos a posibles amnistías. Sin embargo, el sistema democrático surgido de la Transición ha venido incumpliendo el deber público de Memoria y su responsabilidad histórica hacia los hombres y mujeres que durante décadas sufrieron represión por defender precisamente los valores democráticos que nuestra Constitución encarna.

 

Ante el desistimiento de los poderes públicos, fue la sociedad civil organizada la que durante décadas sostuvo el empeño por no olvidar lo que supuso el franquismo, luchando por recuperar la memoria y la dignidad de sus víctimas. La Ley 2/2017 de 28 de Marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía supone una superación del modelo estatal, al establecer que corresponde a los poderes públicos la obligación de promover la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Sin embargo, las potencialidades de la Ley no han sido llevadas a la práctica plenamente por insuficiente financiación, ausencia de desarrollo normativo y falta de compromiso por parte del gobierno andaluz en la última legislatura.

 

Así llegamos a la situación actual, con más de 100.000 desaparecidos en fosas comunes, de los que más de la mitad se encuentran en Andalucía. Sigue vigente la ley de Amnistía de 1977, los juicios sumarísimos del franquismo no han sido anulados, la exaltación pública del franquismo se realiza con impunidad, los archivos que encierran las pruebas documentales del genocidio siguen cerrados o difícilmente accesibles para los investigadores y el expolio económico realizado por la dictadura tras la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, sigue sin ser reparado.

 

En Andalucía no existe aún un censo oficial de víctimas del franquismo y las exhumaciones que se llevan a cabo tienen un carácter extrajudicial al no haberse elaborado un nuevo protocolo de exhumaciones, tal y como exige la ley de Memoria andaluza. El banco de ADN sigue siendo más una promesa que una realidad con lo que se dificulta enormemente la identificación de los desaparecidos, el grupo de trabajo equivalente a una Comisión de la Verdad para Andalucía no se ha puesto en marcha, parte de la simbología franquista aun se muestra en nuestros espacios públicos empezando por el director del genocidio franquista en Andalucía Queipo de Llano, cuya tumba sigue ocupando un lugar de honor en un espacio de culto público, en flagrante incumplimiento de la Ley de Memoria andaluza. Más aun, los contenidos historiográficos y los valores propios de la Memoria Democrática no han entrado de modo riguroso y sistemático en el sistema educativo, sin olvidar que el derecho a la justicia –según establece la Ley de Memoria de Andalucía- debe aplicarse también a las víctimas de la violencia ejercida por el Estado durante el periodo de Transición, tras la muerte del dictador.

 

En suma, el impulso aunado de las instituciones democráticas, de las asociaciones memorialistas y de las víctimas nos ha hecho avanzar en los últimos años en el difícil camino del reconocimiento de las víctimas del franquismo, pero aún queda mucho por hacer. Por eso, no podemos aceptar ningún retroceso en la lucha por la consecución plena de los derechos humanos de las víctimas de la dictadura franquista, tal y como exigen las leyes internacionales, nuestra propia Constitución y el Estatuto de Andalucía.

 

Denunciamos como incompatible con los valores democráticos cualquier intento de los grupos políticos de la derecha y la extrema derecha, desde el parlamento o el gobierno andaluz, de derogar o simplemente paralizar la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Tampoco aceptamos que sea sustituida por un nuevo marco legal de carácter revisionista, que ignore o niegue la violencia de Estado ejercida por el franquismo o establezca la equiparación entre víctimas y verdugos. El negacionismo de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura es considerado delito en las democracias europeas que han soportado el fascismo y aquí debería serlo también. En todo caso, supone una línea roja que separa el pensamiento democrático de las actitudes autoritarias y neofascistas, que nunca debería ser traspasada. Por ello, rechazamos la doble moral del nuevo gobierno derechista de la Junta, que pide dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo pero olvida, una vez más, a las víctimas del terror franquista.

 

Consideramos irrenunciable el reconocimiento de la verdad histórica sobre nuestro pasado reciente como patrimonio colectivo de todos los andaluces y andaluzas y como la mejor garantía de que nunca se repetirá en nuestro suelo una ruptura de la convivencia provocada por el ascenso de los valores autoritarios y antidemocráticos. En consecuencia, exigimos de los poderes públicos de Andalucía el mantenimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de Memoria, desarrollando, aplicando y dotando de recursos económicos la actual Ley de Memoria Democrática y apoyando el movimiento asociativo memorialista andaluz.

 

Convocamos a la sociedad civil de Andalucía para la defensa de los derechos humanos de las víctimas del franquismo y del derecho a la verdad del conjunto de la ciudadanía, entendiendo que tal defensa de las víctimas del franquismo no es una cuestión partidista sino de demócratas de cualquier signo ideológico, comprometidos realmente con los valores de la verdad, la justicia y la reparación.

 

Los colectivos abajo firmantes hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se adhiera a este manifiesto. Enviar adhesiones al correo:

 

 

 

Asociación Nuestra Memoria de Sevilla.

 

Foro de la Memoria de Córdoba.

 

Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación.

 

Asociación Amical Mauthausen

 

Asociación por la Memoria Histórica del PTA y JGR.

 

Asociación por la Memoria Histórica del Zenete-Guadix.

 

Unidad Cívica Andaluza por la República.