La jueza del caso Nazarí amplía otros 18 meses la investigación
La investigación comenzó en enero de 2016 y en abril se desarrolló la operación policial con detenciones. m.rodríguez
La jueza que instruye el caso Nazarí acaba de ampliar otros 18 meses la investigación. Así lo ha dictado en un auto, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, dictado el pasado 23 de septiembre por la jueza María de los Ángeles Jiménez, titular del Juzgado de Instrucción número 2.
Como informó este diario, la Fiscalía se pronunció a favor de esta nueva prórroga, que se dicta al cumplirse la anterior, también de dieciocho meses y que finalizaba el próximo 21 de enero. Precisamente ese día se cumplen tres años desde que se abriera esta investigación sobre la presunta trama urbanística en el Ayuntamiento de Granada durante los años de gestión del PP.
En su día la causa fue declarada compleja, paso imprescindible establecido tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal para ampliar 18 meses la investigación. La misma ley establece que excepcionalmente, si así lo solicita la Fiscalía y si está justificado, se prolongue por otro plazo similar.
En la trama urbanística que se investiga quedan diligencias pendientes. Tanto los peritos de la Junta de Andalucía como los propios investigadores de la UDEF siguen elaborando informes para desenredar los hilos de la red. Faltan asimismo pruebas importantes para el caso, como el acceso a correos, trámite más complejo pues debe contarse con las pertinentes autorizaciones de la justicia de Estados Unidos.
La Fiscalía no ve obstáculo en que la operación del Palacio de Hielo ya hubiera sido juzgada
Por otra parte, la Fiscalía se ha pronunciado, como pidió la jueza María de los Ángeles Jiménez, sobre la operación del Palacio de Hielo. La propia UDEF, en uno de sus últimos informes policiales, lo señaló. Cabe recordar que en ese informe, que se puede consultar en el enlace bajo estas líneas, la UDEF censuró que el Ayuntamiento de Granada, presidido entonces por José Torres Hurtado (PP), ocultara "de forma intencionada" información que afectaba al "núcleo decisorio del sobreseimiento". Los agentes de la Brigada de Delitos Económicos apuntaron al respecto que, aunque es una estrategia de defensa legítima para cualquier investigado, es "totalmente censurable" en el caso de una institución obligada a colaborar con la Justicia.
Así, la Fiscalía se opone a estimar la apreciación de cosa juzgada en este momento de la investigación, apuntando que es "necesario valorar la prueba pendiente de practicar" y su reflejo en cada una de las piezas que el Ministerio Público plantea tramitar de manera separada.
