La portavoz del Grupo Municipal de Vamos, Granada, Pilar Rivas, refleja que el comercio de proximidad es salud para el consumidor, para la economía local y para el planeta. “Esto es lo que hay que defender frente a un complejo entramado de variables que están colocando al comercio urbano en una situación de verdadero peligro”, declara la concejal.

 

Mucho se ha hablado del Nevada y es evidente el enorme impacto que ha tenido, pero no podemos obviar los efectos devastadores de la crisis,  los cambios en los hábitos de consumo y modos de vida condicionados por la falta de tiempo y la necesidad de acceder del modo más rápido posible a los bienes de consumo. El crecimiento de un 179% en la facturación del comercio electrónico desde 2010 a 2016 pese a la crisis, lo demuestra.

 

Otros aspectos relevante son la demografía de los barrios y la degradación de algunas zonas y calles comerciales, la movilidad y la accesibilidad: “La puesta en marcha del metro ha cambiado los flujos de movilidad especialmente del centro y su paso soterrado por el Camino de Ronda están restando visibilidad y accesibilidad al comercio de la zona, el cierre del vial de Avenida Dilar o la desconexión por transporte público de los barrios del Distrito Norte o decisiones administrativas que tienen como resultado los casi 800 comercios cerrados en el entorno de las obras del metro o los más de 400 en el Distrito Beiro tras la fusión y la desfusión son claros ejemplos”, expresa la concejal Pilar Rivas.

 

De otra parte tenemos la Ley de Estabilidad Presupuestaria y fomento de la competitividad que el Partido Popular aprobó en el 2012 que liberalizó los horarios de apertura y las promociones: rebajas, saldos, liquidaciones… que han endurecido las condiciones de supervivencia de los más pequeños. Una ley que fue recurrida al Tribunal Constitucional por invadir las competencias autonómicas, saltándose así la negociación sindical y el consenso del sector. Consideramos necesario evaluar el impacto en el pequeño comercio de la ley y volver a regularizar los horarios, en beneficio de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del comercio, de los derechos de los consumidores y de la supervivencia del comercio urbano.

 

En la moción se pide también la financiación no condicionada a los Ayuntamientos, que son quienes más cerca están de la singularidad de los problemas de su comercio para poder establecer las líneas estratégicas que consensuen con el sector. Los otros dos puntos a aprobar son la firma de un convenio para promover la responsabilidad de los consumidores y por último tener en cuenta la necesidad de apoyo al pequeño comercio en el reajuste de las líneas, frecuencias y paradas de nuestro transporte urbano que están elaborando en la actualidad. La lucha de los comerciantes granadinos es heróica y lo es porque la están haciendo en solitario, con subvenciones de la Junta de Andalucía puntuales e inaccesibles y con acciones puntuales de un Ayuntamiento en grave crisis presupuestaria.