El presidente provincial de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Germán Girela, califica de "desacertado e injusto” el recurso del Ejecutivo Central de la jornada de 35 horas semanales, recordando que su revocación sería un "atropello a más de 270.000 empleados públicos en toda Andalucía, que han sido uno de los sectores más castigados desde la crisis".

El máximo responsable de CSIF Granada advierte del perjuicio que supondría esta "decisión ya que vendría a mermar aún más los servicios públicos andaluces, sobre todo en sectores básicos como la Sanidad, al suponer la pérdida de entre 7.000 y 10.000 puestos de trabajo en toda la Administración andaluza". Asimismo, Girela puntualiza que la impugnación de las 35 horas "castigaría aún más al colectivo de empleados públicos de Granada que ha visto cómo desde el año 2011 se ha reducido su plantilla en más de 6.085 trabajadores".

CSIF Granada advierte de los perniciosos efectos que esta medida tendría a corto plazo en el desempleo, en el consumo, en la recuperación económica y en la calidad asistencial de los servicios públicos esenciales en la provincia y confirma que mantendrá "la presión sindical" hasta la resolución del conflicto, animando a todos los trabajadores y trabajadoras del Sector Público andaluz a secundar las acciones sindicales conjuntas.

Por su parte, para la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Granada se está haciendo "una reivindicación justa", se está pidiendo al Gobierno central la recuperación de "un derecho que ya fue pactado" con el Gobierno andaluz y con los máximos representantes sindicales a nivel andaluz. "Lo que se pide al Gobierno central en concreto, es que no pida la suspensión cautelar de la norma, porque eso generaría un agravio en los empleados públicos de Andalucía, que algunos están disfrutando de un derecho que se consiguió en 1999 y fue arrebatado en 2012 por la excusa de la crisis".