El abogado Adolfo Alonso, que representa a la expareja de Juana Rivas, mantiene que en este caso se han producido ya "dos secuestros" de los menores después de que el miércoles esta madre de Maracena (Granada) incumpliera la orden judicial de entregar a los niños a su progenitor para que regresaran con él a Italia y ha anunciado acciones legales "porque esto debe terminar", ante el "enorme daño" que se está provocando a los pequeños.

Alonso ha señalado a Europa Press que se va a limitar a trabajar "en los juzgados", desde "el respeto a los tribunales y sin entrar en cuestiones manipuladas de género ni de violencia contra la mujer", todo ello mientras Juana Rivas sigue sin desvelar su paradero y el de sus hijos, que no han sido localizados por la Guardia Civil en los domicilios particulares que guardaban alguna relación con ella.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada "mantiene vigente" el auxilio realizado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que busquen a los menores tanto en Maracena como en aquellos lugares donde puedan encontrarse, después de que se le comunicara que Juana Rivas no había comparecido con ellos en el Punto de Encuentro Familiar de Granada donde debían ser recogidos por su progenitor, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.

Así, la jueza no prevé adoptar nuevas acciones en este sentido tras el incumplimiento del mandato judicial y la Fiscalía tampoco lo ha hecho hasta este mediodía, según han precisado desde el Ministerio Público. Todo ello en el marco de un proceso que hasta el momento está tramitado por la vía civil y que no conlleva una orden de búsqueda y captura que sí podría producirse en caso de que el asunto se llevara al ámbito de lo penal.

Aunque el letrado Adolfo Alonso ha descartando precisar a los medios de comunicación qué acciones concretas va a tomar, afirma que la "realidad" es que se ha producido "un segundo secuestro", después de que Juana Rivas primero se llevara a los niños de Italia -donde tienen fijada su residencia habitual- y de que el miércoles no los entregara a las 16,30 horas en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, tal y como había ordenado el Juzgado.

Ha aludido a la posibilidad de que la postura adoptada por la madre forme parte de una "estrategia para ganar tiempo" mientras se presiona a los tribunales, intentando reconducir lo que considera un caso de "secuestro" interparental a otro de violencia de género pese a que, según ha incidido en los últimos días, la sentencia de 2009 del Juzgado de lo Penal 2 de Granada que condenó a su cliente por un delito de lesiones en el ámbito familiar se produjo después de que "él se conformara con la pena porque no se le estaba dejando ver a un hijo".

En posteriores declaraciones al programa Espejo Público, recogidas por Europa Press, el letrado ha defendido que "el que está siendo objeto de violencia psicológica" es su cliente, porque se "le ha separado de sus hijos" y "lleva un año sin verlos ni poder hablar con ellos" sin que haya "absolutamente nada, ningún dato, que diga que el padre es perjudicial" para esos niños sino que "es la palabra de ella frente a la de él".

Ha incidido en este sentido en que son "dos sentencias y cuatro jueces españoles los que han valorado la demanda" que se puso a través de la Abogacía del Estado a raíz de que Juana se llevara a sus hijos de Italia y ha vuelto a recordar que en este caso no se está dirimiendo "la custodia", lo cual deberá hacerse en los tribunales italianos, que es "donde corresponde".