De este modo el edil de la formación de izquierdas denuncia “la dejación de funciones de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social que está permitiendo el deterioro de este servicio público, y que los  37 trabajadores de la residencia acumulen cuatro meses sin cobrar lo que está afectando también a la atención que 36 residentes están recibiendo, todos ellos grandes dependientes y que están abonando el 75% de sus pensiones para poder tener este servicio de residencia que es vital para su calidad de vida”.  

 

Es por ello que IU exige “que más allá de que en el juzgado mercantil y laboral se resuelva las responsabilidades económicas de la empresa que ha estado gestionando esta residencia, y que se encuentra en administración concursal, la Junta, como máxima responsable del servicio debe rescatar la residencia y a través de la Agencia  de Dependencia y Servicios sociales de Andalucía  para que se proceda a su gestión directa”. De este modo IU pide que se garantice el pago de las nóminas que se adeudan, la continuidad de la Residencia, el servicio público que presta a los usuarios grandes dependientes hasta que se elabore un nuevo concierto con una entidad social que se haga cargo de la misma. De hecho Puentedura recuerda que FEGRADI (La Federación Granadina de personas con Discapacidad) ya mostró su interés en hacerse cargo de la misma “peor para ello la Junta debe despejar el camino, especialmente el económico, que afecta a esta residencia”. 

 

El Grupo de IU se ha puesto en contacto con la diputada de esta formación política en el Parlamento Andaluz por la provincia de Granada, María del Carmen Pérez, quien ha anunciado que presentará una iniciativa parlamentaria exigiendo al gobierno andaluz que rescate esta residencia y garantice su futuro. Para la diputada de IU “la Junta de Andalucía tiene una gran responsabilidad en este asunto pues ha mirado para otro lado, ha hecho dejación de funciones, y no ha controlado la gestión de este centro para evitar los problemas económicos que están poniendo en riesgo a la Residencia”. Es por ello que María Carmen Pérez asegura “que debe ser la Junta quien busque la solución y cumpla con sus compromisos y evite que esta residencia se cierre y que se pierdan los empleos y se deshaucie a los grandes dependientes, pues ni trabajadores ni residentes son responsables de esta nefasta gestión”.

 

Tanto Puentedura como Pérez han mostrado su apoyo a la movilización de los trabajadores y residentes y llaman a todas las instituciones de Granada “a defender esta residencia y este servicio público que hoy más que nunca es necesario en nuestra ciudad”.