La concejala de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, ha participado en las jornadas que bajo el título “Ciudades Refugio: Realidades municipales de la acogida a refugiados’ se han desarrollado en Barcelona con el fin de recabar del Gobierno de España una mejor coordinación y mayor apoyo a los municipios, así como el cumplimiento de los acuerdos de 2015 ante la UE sobre la acogida a personas refugiadas. Para ello, los municipios asistentes han acordado solicitar una reunión con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Pese a reconocer que las políticas de asilo son una competencia estatal, la concejala de Derechos Sociales ha afirmado que son los ayuntamientos los que dan respuesta y acogida a las personas refugiadas y lo hacen sin contar con recursos específicos ni posibilidad de acceder a los fondos que recibe el Gobierno para estos fines. “Es incomprensible que el Gobierno central ponga en marcha un programa estatal de asilo sin ningún tipo de coordinación con la administración local, y además, con un sistema de acceso inflexible que no piensa en las personas”, ha dicho.

En el caso concreto de la ciudad de Granada, donde son 250 las personas que en la actualidad forman parte de este programa estatal de asilo, Jemi Sánchez ha concretado que el Ayuntamiento dispone de información “gracias a Cruz Roja”, entidad que gestiona la acogida, ya que Subdelegación del Gobierno ha declinado en varias ocasiones participar en la mesa de coordinación creada por el Consistorio.

“Las personas nos llegan a los servicios sociales sin información, sin medios y sin recursos, y el Gobierno no se responsabiliza”, ha lamentado la edil. “Nos encontramos solos, preocupados y buscando soluciones con urgencia, por eso es necesario que los ayuntamientos creemos lazos y puntos de encuentro para generar ideas y dar soluciones a esta crisis humanitaria”.

Las 21 ‘ciudades refugio’ participantes en la reunión de Barcelona han elaborado una declaración conjunta en la que ofrecen al Gobierno su colaboración activa para la atención a los refugiados, demandan una mayor coordinación e instan al Estado a que proporcione “información pormenorizada del destino de los Fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para asegurar que efectivamente se destinan a la acogida de refugiados es inmigrantes”.