UGT, como firmante del Pacto por la Vega de Granada, se ha mostrado en contra de la macroplanta fotovoltaica proyectada junto a la Dehesa de Santa Fe, que conllevará la expropiación de 231 parcelas de la Vega, con lo que ello supondrá para el desarrollo de los cultivos agrícolas y forestales de la Vega de Granada. En su tramo aéreo, está proyectado que esta macroplanta discurra por suelos con una longitud aproximada de 4.200 metros y una afección en anchura de 40 metros a cada lado del tendido, lo que comporta una afección en superficie de 33,6 hectáreas, terreno de alto valor productivo agrícola, que quedaría destruido.

Para UGT, proyectos como este, de desarrollo de renovables a gran escala, provocarán "efectos irreversibles sobre la Vega de Granada y  sus habitantes, contribuirá a la despoblación rural, y no  supondrá un aumento en los puestos de trabajo a largo plazo, acaso generan algunos puestos de trabajo transitorios durante su construcción", explica el sindicato.

Además, supondrá pérdida de valor de los terrenos y viviendas ubicadas en el entorno, que asumirán los perjuicios de la instalación y ningún beneficio. Y ello, sin contar con el grave impacto que tendrá sobre el paisaje y el ecosistema de la Vega granadina y la pérdida de biodiversidad, irreversible, con unas consecuencias impredecibles: pérdida y fragmentación de los hábitats, pérdida de suelo de cubierta vegetal, disminución de la retención de agua y el cambio de las condiciones climáticas en el entorno de las instalaciones, aumentando con todo ello la tasa de mortalidad de muchas especies, añade UGT.

"Desde UGT nos mostramos radicalmente en contra de cómo se está llevando a cabo este proceso por parte de la empresa promotora y del Gobierno andaluz: el proyecto se plantea sin contar en absoluto con los habitantes de los territorios afectados, con lo que capacidad de reacción por parte de los afectados es mínima por los ajustados plazos de alegación", afirma el sindicato.

"Nos parece muy cuestionable que este  proyecto privado pueda recurrir a la figura de “utilidad pública”, dado que a todas luces su objetivo es la exportación de energía a beneficio de empresas privadas. Se trata más bien, a nuestro juicio, de un modelo extractivo que convertirá a la Vega de Granada en una gran central eléctrica para abastecer lejanos centros de consumo, mientras que nuestra Vega asumirá el deterioro permanente de su entorno y sus medios de vida", finaliza UGT.