El sector público ha perdido 2.000 profesionales en Granada en un año, denuncia CSIF
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, sindicato mayoritario en las Administraciones públicas, se ha concentrado este viernes frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la capital granadina para demandar a las Aadministraciones mejores condiciones y más recursos humanos y materiales para que los efectivos de todos los sectores y ámbitos puedan cumplir con su cometido, que es prestar un servicio de calidad y en tiempo a la ciudadanía.
Las concentraciones se han convocado de forma paralela en las ocho provincias andaluzas con motivo del Día del Empleado Público, que se celebra este 3 de marzo. De este modo, la Central Sindical ha denunciado la pérdida de casi 13.000 efectivos del sector público en el último año en Andalucía, al tiempo que ha culpado a las administraciones de los problemas que presentan distintos servicios públicos por falta de medios materiales y humanos, como por ejemplo la Sanidad, la Justicia o la Seguridad Social.
Así lo ha puesto de manifiesto la presidenta de CSIF Granada, Victoria Eugenia Pineda, durante la protesta que se ha desarrollado bajo el lema Servicios públicos, lo primero. Tú lo mereces, y con la que se ha puesto de manifiesto el deterioro de los servicios públicos básicos en la comunidad andaluza y en la provincia de Granada y de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas que los sustentan.
La presidenta provincial del sindicato ha argumentado que, según el último Boletín de Personal al servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda (actualizado a julio de 2022), la cifra de empleadas y empleados públicos en Granada ha descendido en un año un 3,27 por ciento, lo que se traduce en 2.055 efectivos menos en el cómputo de los distintos sectores entre julio de 2021 y julio de 2022.
La mayoría, en la Junta
El grueso de este descenso se registra entre el personal del sector público que depende de la comunidad autónoma, que baja en 1.481 efectivos y acapara así casi tres cuartas partes (el 72 %) del descenso global, mientras que la Administración local baja en 570 efectivos y en el sector público del Estado lo hace de forma más leve.
Aprovechando la celebración de la citada efeméride, CSIF subraya la dificultad con las que se prestan en demasiadas ocasiones servicios como la sanidad pública, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo o el INSS, entre otros, por el déficit de personal que arrastran. Por ello, el sindicato ha querido trasladar su apoyo a los empleados y empleadas públicas, “que sufren en sus carnes la falta de personal y la falta de apoyo de las administraciones, así como una pérdida de poder adquisitivo acumulada de más de un 25% en la última década”, ha explicado Victoria Eugenia Pineda.
La ciudadanía, también víctima
En este sentido, ha subrayado que “los trabajadores y trabajadoras del sector público lo que quieren es hacer bien su trabajo y es en ellos en quienes recae la falta de inversión y la desidia de las administraciones competentes”, al tiempo que ha rechazado “ciertos intentos de desprestigio hacia los empleados públicos, a los que en demasiadas ocasiones se achacan los problemas que desgraciadamente existen en la prestación de distintos servicios públicos a la ciudadanía, cuando no son ellos los responsables sino también las víctimas de la dejación de las administraciones, al igual que la propia ciudadanía”. En este sentido, ha puesto en cuestión la “apuesta” que dice tener el Ejecutivo regional respecto a estos servicios y a los trabajadores que los sustentan.
La dirigente sindical ha señalado que para que los servicios públicos de Sanidad, Educación, Justicia y Administración General de la Junta estuviesen adecuadamente dimensionados en la comunidad harían falta al menos 5.000 nuevos efectivos en Granada; más de 45.000 en la comunidad andaluza. Además, ha recordado que las movilizaciones de este viernes se enmarcan en una campaña iniciada por la organización sindical el otoño pasado en defensa de los servicios públicos y de sus trabajadores.