Personal Técnico de Integración Social (PTIS) ha denunciado que el calendario vacacional "no se ajusta al convenio de aplicación" y "empeora la ya precaria situación laboral en un servicio externalizado que la Agencia Pública Andaluza de Educación no vigila".  

Según ha explicado Elena Fornieles, presidenta del comité de la empresa Osventos, "ninguna de las dos empresas que prestan el servicio en Granada cumple el calendario vacacional, concediendo a sus trabajadores 10 y 20 días de descanso respectivamente, inferiores en ambos casos a los 45 días  que marca el convenio". De este modo, "el 1 de julio la mitad de las PTIS de Granada irán al paro, mientras que la otra mitad lo harán el 13 de julio". "Es una verdadera vergüenza", ha afirmado. "Una discriminación en toda regla ya que, realizando el mismo trabajo, disfrutamos de menos días de vacaciones según la empresa que nos tiene contratados", ha añadido para resaltar que  esta situación se repite en todas las provincias andaluzas, donde "solo algunas empresas cumplen el periodo vacacional establecido". 

Para la delegada sindical no cabe duda de que el colectivo sufre "una discriminación de género que aboca a las PTIS a la más absoluta precariedad". "No debemos olvidar que el 98 por ciento de las trabajadoras somos mujeres con contratos a jornada parcial involuntaria y con una modalidad de contrato fijo-discontinuo, sin tener en cuenta que las trabajadoras cumplimos con todo el calendario laboral de los centros educativos públicos de la provincia de Granada y, en muchos casos, durante toda la jornada lectiva".

"No somos un caso aislado", ha lamentado Fornieles. "Cada día las privatizaciones destruyen los servicios públicos y transforman el empleo en precario de semiesclavitud", ha añadido. "Parece que a la Junta de Andalucía y a la Agencia Pública de Educación se les han olvidado los 27 días de huelga indefinida que durante este curso el colectivo llevó a cabo para poner fin a abusos como este, que siguen sucediendo, y aunque se han mejorado los pliegos de licitación para la próxima convocatoria, las empresas licitadoras que concurren siguen siendo las mismas que ahora cometen estos abusos", ha apuntado.

En la provincia de Granada, contra las empresas concesionarias, Alalba y Osventos, se han interpuesto en torno a medio centenar de denuncias a la Inspección de Trabajo por "incumplimientos tan graves como carencia de alta a la Seguridad Social y fraude en la contratación, pagos reiterados fuera de plazo de los salarios, falta de medidas y formación en prevención de riesgos laborales… y no solo siguen en el servicio, sino que siguen incumpliendo con total impunidad ya que a la Junta de Andalucía parece no importarle que le dinero público se quede en manos de las empresas, mientras todos los ciudadanos pagan el desempleo de las PTIS", ha explicado en una nota remitida por CCOO.

Por todo ello, CCOO exige a la Junta de Andalucía y a la Agencia Pública de Educación que adopte medidas sancionadoras y exija a las empresas para su continuidad en el servicio "el cumplimiento íntegro de los derechos del personal que lo presta en los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación".