La Asociación Patronal Andaluza de Atención Temprana ha avisado este martes de que "impugnará" el concierto social que regula la prestación de este servicio, autorizado ya por el Consejo de Gobierno a la Consejería de Salud y Consumo, si la Junta "no da marcha atrás" en estos planes. Lo hará, ha argumentado, en "defensa de la valoración del servicio a un precio de mercado justo". El precio se ha fijado en 28 euros por sesión. El plazo de ejecución de los conciertos será de 24 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su formalización, pudiendo prorrogarse el mismo hasta un periodo máximo de 36 meses adicionales, por lo que el contrato puede llegar hasta los cinco años.

Los precios por sesión fijados por la Junta implica que las empresas "van a perder en 2025 alrededor de cuatro euros por cada sesión, con lo que muchas de ellas no podrán licitar y las familias atendidas en estos centros se van a quedar sin Atención Temprana pública"

La patronal andaluza ha asegurado en una nota de prensa que estos precios por sesión implica que las empresas "van a perder en 2025 alrededor de cuatro euros por cada sesión, con lo que muchas de ellas no podrán licitar y las familias atendidas en estos centros se van a quedar sin Atención Temprana pública". Esta situación, continúa la asociación, "nos lleva a las entidades que prestamos el servicio en Andalucía al colapso".

Los importes por provincias son 9.969.792 euros para la de Almería; 15.179.136 euros para la de Cádiz; 8.037.120 euros para la de Córdoba; 10.665.984 euros para la de Granada; 4.956.672 para la de Huelva; 5.357.184 euros para la de Jaén; 20.616.960 euros para la de Málaga, y 22.084.608 euros para la de Sevilla. La prestación se concreta en unidades de sesión que comprenden la dotación de espacio y tiempo que se dedica al menor en su tratamiento, apoyo y seguimiento, así como gastos administrativos y otros derivados.

Andalucía cuenta con estas unidades asistenciales especializadas en el tratamiento de menores, sus familias y su entorno, centros que actúan como recursos descentralizados y especializados que ofrecen servicios de atención temprana en diferentes territorios de la comunidad, en los términos previstos en la Ley 1/2023, de 16 de febrero, que regula la atención temprana. La atención temprana y los centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) tienen como objetivo central "garantizar el desarrollo adecuado de los menores con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos, ofreciendo una intervención temprana que favorezca su evolución y autonomía".

Entre los principales objetivos de estos centros se incluyen "reducir o eliminar los efectos de cualquier deficiencia que afecte el desarrollo global del menor; empoderar a las familias, considerándolas como actores clave en el proceso de intervención, siendo el principal agente impulsor del desarrollo y autonomía del menor; y asegurar una atención personalizada e integral, acorde con el Plan Individualizado de Intervención en Atención Temprana". En cuanto al "previsible impacto sobre el empleo" en los CAIT, se espera que con el nuevo concierto social "se incremente el número de sesiones en cerca de 77.000, con el correspondiente aumento en el número de personas profesionales dedicados directamente a esta actividad que, de forma global, pasaría de las 1.809 actuales, hasta las 1.892 necesarias para la cobertura del servicio, sin perjuicio de las mejoras en la ratio que las entidades incorporen en sus propuestas", precisan desde la Junta.

Así, desde 2019, se han abierto en Andalucía 25 nuevos CAIT, lo que se traduce en un aumento anual de 391.100 sesiones con respecto al modelo anterior y la posibilidad de atender a 4.076 menores más, llegando a 1.854.020 sesiones anuales en Andalucía. Desde que entró en vigor la Ley de Atención Temprana, el 22 de marzo de 2023, hasta la actualidad, cerca de 40.500 menores andaluces se han beneficiado de este servicio, al que el Gobierno andaluz ha destinado 51,5 millones de euros este año, lo que supone un 40% más que lo invertido en 2016 --30,1 millones--, año desde el cual se regula la atención temprana en Andalucía.

En otro orden de cosas, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía tiene en exposición pública el I plan integral de Atención Infantil Temprana de Andalucía 2024/2028 para que, en un plazo de un mes, que ha empezado a contar desde el pasado 2 de octubre, las entidades y organizaciones puedan hacer aportaciones a un texto que, entre otros objetivos, persigue incrementar en un 25% la detección temprana del autismo en menores de 3 años.

Igualmente, persigue que la atención en los servicios de Atención Temprana pasen desde el actual 7,5% hasta el 10% de la población total menor de 6 años. Así se recoge en el borrador del plan, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultado por Europa Press, en el que se especifica que los trastornos del desarrollo con mayor prevaelencia en Andalucía, en 2022, fueron los trastornos de la comunicación y el lenguaje (32,3% del total), el retraso evolutivo (29,6%) y los trastornos del espectro autista (16,1%). Le siguen los factores de riesgo perinatales (4,3%) y los trastornos motores (4,3%), según la Organización Diagnóstica de Atención Temprana (ODAT).

Uno de los asuntos que quiere abordar la nueva estrategia para el periodo 2024/2028 es el tiempo de espera para que el menor sea valorado por una Unidad de Seguimiento y Neurodesarrollo (USN). El tiempo medio de espera se situaba en 2022 (año de referencia para la redacción del borrador) en los 69 días, aunque con grandes diferencias entre provincias. Así, en Sevilla, el plazo medio es de 86 días frente a los siete de Cádiz. El número de menores pendientes aún de valoración oscila entre los 1.106 de la provincia sevillana frente a los 30 de la provincia de Huelva, según se recoge en el borrador.

"El aumento global del 81,62% en número de derivaciones, que se ha casi duplicado en un periodo de seis años, no ha supuesto paralelamente un incremento del personal necesario para mantener el criterio de los 30 días en la valoración, lo cual ha generado en alguna provincia tiempos de espera excesivos en un servicio como es el de la Atención Temprana. Esto entraña además una gran insatisfacción por parte de los profesionales y las familias", argumenta el documento.