La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Granada (FSIE Granada) valora "muy positivamente" en una nota "el gran esfuerzo de los profesionales docentes y no docentes de los colegios privados, concertados y de los centros de atención a personas con discapacidad" tras estas tres semanas del estado de alarma.

"Durante este tiempo han estado desarrollando su trabajo de forma telemática, dedicando mucho más tiempo del que supone su jornada laboral, a que sus alumnos y usuarios estén adecuadamente atendidos en todo momento y tratando de solucionar el problema que supone para algunas familias andaluzas superar las dificultades para que sus hijos accedan a los procesos formativos y asistenciales que se están llevando a cabo", expone. Por tal motivo FSIE pide "un esfuerzo" a la Administración educativa "para solventar los problemas de falta de medios digitales adecuados, con el fin de evitar que esta grave crisis sanitaria se convierta también en fuente de mayor desigualdad social".

"Es de agradecer la inestimable y magnífica labor que desarrollan los trabajadores de residencias de la provincia, las cuales demuestran su firme compromiso para asistir a los usuarios y colaborar con la sociedad en frenar la propagación del Covid-19, en la mayoría de los casos con medios insuficientes de protección y una gran falta de recursos humanos necesarios para una atender adecuadamente a las personas que dependen de ellos", indica para agregar que "debido al aumento de contagios y a la angustia que esto produce", FSIE ha solicitado a la Consejería de Salud y Familias "la inclusión de este colectivo de trabajadores en la realización de los tests para saber si están infectados o no, para proporcionarles la tranquilidad necesaria a ellos y a sus familias".

En los Centros de Educación Infantil (CEI) la situación es "complicada", según FSIE, pues "las subvenciones que pueden solicitar las empresas con una cuantía de 180,20 euros por alumno matriculado son insuficientes para asumir todos los costes de dichos centros, y esto puede poner en riesgo los puestos de trabajo de los profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil en nuestra provincia".