Personal Técnico en Integración Social e Intérpretes de Lengua de Signos de la provincia de Granada, apoyados por CCCO, familiares y alumnado con necesidades educativas especiales se ha concentrado este jueves en la Delegación de Educación para exigir a la Junta una solución laboral que ponga fin a la precariedad laboral que padecen.

Adriano Fernández, responsable sindical del colectivo, ha incidido en la "urgencia de atajar este conflicto" que afecta a 200 personas trabajadoras  y a los niños y niñas con necesidades educativas especiales que necesitan de este recurso para su día a día en los centros educativos.  CCOO Enseñanza ha exigido que la Junta de Andalucía tome medidas en cuanto al "cumplimiento íntegro de sus derechos laborales que vienen siendo pisoteados por las empresas adjudicatarias del sector".

"La Junta de Andalucía es responsable y cómplice de los abusos laborales que las empresas que subcontratan cometen con total impunidad y a pesar de establecer mediante un Real Decreto que tanto PTIS como ILSE son un servicio complementario se han decretado unos servicios mínimos abusivos", ha denunciado CCOO, que reclama a las empresas, como responsables de designar servicios mínimos, que "garanticen el derecho a secundar esta convocatoria de huelga al mayor número de trabajadoras y trabajadores". La plantilla en huelga, ha recordado el sindicato, sufre "unas problemáticas extremas, como el impago de salarios, fraudes en el alta de la Seguridad Social, incumplimientos en materia de abono de actualización de las tablas salariales, bajos salarios, jornadas parciales, modificaciones en la modalidad contractual y regularizaciones de jornada y salario sin previo aviso".

Por estos motivos, CCOO ha instado a la Junta de Andalucía que "ataje el conflicto generado por empresas subsidiarias que ellos mismos contratan y podamos restablecer con garantías y calidad una atención a todo el alumnado con necesidades educativas de apoyo específico de la provincia de Granada, a la mayor brevedad posible" para que tanto alumnado como las personas trabajadoras "dejen de padecer esta incertidumbre que está afectando negativamente tanto en la economía de las familias que ahora mismo se ven obligadas a padir permisos en sus puestos de trabajo para atender a sus hijos, como a la de las trabajadoras que se encuentran en huelga indefinida, así como a su salud mental".