En rueda de prensa, el portavoz del equipo de gobierno, el socialista Baldomero Oliver, ha censurado que el grupo municipal del PP de Granada quiera "colgar el muerto" a "muertos políticos" como en su opinión son el exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado y la exedil de Urbanismo Isabel Nieto cuando la operación contó con el visto bueno de los concejales que integraban la Junta de Gobierno Local en 2014 y 2015.

 

"Esto es una cuestión del PP, que atañe a todo el equipo de gobierno anterior", según ha considerado Oliver, que ha recordado por "decencia política" que Nieto estuvo acompañada por el edil Juan García Montero en las reuniones con asociaciones para explicarles la adjudicación, que el edil Francisco Ledesma era presidente de la Junta Municipal del distrito Albaicín y "ardiente defensor" del proceso, que tanto él como Fernando Egea se marcharon de viaje a Marruecos con cargo a la ONG que resultó adjudicataria de la Casa Ágreda, y que en aquel momento era responsable de contratación Sebastián Pérez, presidente del PP granadino.

 

Por ello, ha enmarcado en una tragedia 'shakesperiana' lo que está sucediendo en Granada, del tipo 'El Rey Lear', y ha criticado que ahora quieran "desentenderse" de toda esta operación en el PP: "Me parece poco decente políticamente hablando que quien fue tu padre político reniegues de él cuando lo has sido todo gracias a esa persona, y gracias a tu acción o inacción esa persona está donde está", ha dicho en referencia a Torres Hurtado.

 

"Como representación teatral vale, pero como responsabilidad política deja mucho que desear. No sé quién será llamado por el juez a declarar, lo que sí me parece es que si hubiera un mínimo de decencia política deberían de ser los miembros del PP los que pidieran ellos mismos declarar ante el juez para aclarar su actuación en este escándalo", ha señalado Oliver, quien además ha instado a pronunciarse a la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rocío Díaz, quien además fue en su día candidata a la Alcaldía tras la dimisión de Torres Hurtado después de ser detenido en la 'Operación Nazarí'.

 

El portavoz ha considerado que la adjudicación de la Casa Ágreda, que ha abierto una investigación judicial por los posibles delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, revela el "modus operandi" que el PP "ha llevado a cabo día sí, día también" a través de operaciones en las que "siempre coinciden unos cuantos funcionarios y con las que "se minusvalora el patrimonio de los granadinos y se ofrece a precio de saldo a un tercero".

 

En su opinión, "se ha venido empobreciendo a los granadinos y enriqueciendo a unos pocos", y de ello son ejemplos el PPt1, el Serrallo y ahora la Casa Ágreda, todo operaciones que han significado un "empobrecimiento de las arcas públicas".

 

La investigación judicial abierta genera una "honda preocupación" en el Ayuntamiento de Granada "por lo que ha estado pasando en la ciudad en los últimos 14 años", que trasciende las denuncias presentadas y se convierte en un problema de "carencia de decencia política".

 

"Entendemos que por encima de las responsabilidad judiciales que se pudieran decretar, esta es una prueba mas sobre la catadura política del actual PP y sobre cuáles son sus intenciones de futuro. Si son excusarse, esconderse o no dar explicaciones, mal vamos y Granada no lo merece", ha mantenido el portavoz del gobierno municipal, quien ha pedido que el PP "deje de ser un problema y decida convertirse en parte de la solución".

 

El PP,  dispuesto a colaborar con la justicia en el caso de Casa Ágreda, dice que ningún concejal ha sido citado