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Castell de Ferro pide permiso a la Junta para cerrar el acceso a su castillo y afrontar su rehabilitación

Cultura - Europa Press - Lunes, 19 de Agosto de 2019
Castillo de Castell de Ferro, en estado ruinoso.
andalucia.org
Castillo de Castell de Ferro, en estado ruinoso.

El Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro está pendiente de que la Junta autorice el cierre del acceso a su castillo, en estado ruinoso y enclavado en terrenos de una constructora en quiebra, para frenar su deterioro y afrontar su rehabilitación cuando los trámites pendientes así lo permitan.

Según ha explicado la alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia Antequera, a Europa Press, la propiedad dentro de la cual se encuentra el castillo está embargada por una deuda de alrededor de 500.000 euros de la que el Ayuntamiento no se puede hacer cargo al ser privada.

Tras un informe de la Universidad de Granada (UGR), concluido en mayo en el marco de un convenio con el Ayuntamiento, sobre el castillo de Castell de Ferro se puso en marcha una orden de actuación que está pendiente del visto bueno de la Junta para cerrar el recinto fortificado, que es Bien de Interés Cultural.

El documento del Departamento de Geodinámica de la UGR, advierte del peligro de derrumbe del inmueble, afectado por terremotos históricos de alta y media magnitud.

Por otro lado, el Ayuntamiento mantiene también contactos con Patrimonio del Estado para que ejecute el embargo, de tal modo que el castillo pudiera ser público y revertir en el desarrollo socioeconómico del pueblo, ha detallado Antequera.

El objetivo sería poder aspirar a una de las ayudas con cargo al 1,5 por ciento cultural del Gobierno para obras en recintos patrimoniales como el castillo de Castell de Ferro, cuyos orígenes se remontarían a los siglos XII-XIII.

La alcaldesa ha señalado que, tras un encuentro con científicos, técnicos y vecinos sobre el estado del castillo de Castell de Ferro, el Ayuntamiento va a potenciar la participación en torno al proyecto para su rehabilitación de tal modo que haya un "movimiento social" que lleve a las Administraciones superiores a actuar.