El Juzgado de Instrucción 6 de Granada está tomando declaración a varios testigos en el caso sobre supuestas irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios en la televisión municipal de Granada (TG7) durante la etapa de gobierno del PP, entre ellos a varios técnicos municipales que han declarado que el convenio suscrito al efecto en julio de 2015 "no se ajustaba a derecho".

En esta causa están investigados el concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes y la empleada pública que ejerció funciones de directora en la televisión en aquel momento, Cristina García.

La Fiscalía acordó en febrero denunciar los hechos al Juzgado a raíz de una denuncia de Vamos Granada por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Lo hizo al entender que Fuentes supuestamente contrató en 2015 servicios complementarios al contrato de grabación que había en TG7 "sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público", sin respaldo presupuestario y eludiendo los controles y la Intervención municipal. Todo ello podría haber generado un perjuicio económico a las arcas municipales de 864.121 euros, según se desprende de los documentos aportados a las actuaciones.

Tras la declaración de ambos investigados, han sido llamados varios testigos y esta semana le ha tocado el turno a otras seis personas más, entre ellos el director general de Contratación del Ayuntamiento y el secretario general del consistorio.

Los dos han ratificado ante el juez los informes que realizaron en su día en relación a este convenio de servicios complementarios en TG7 y han coincidido en señalar que Fuentes carecía de competencias para la contratación, pues correspondía a la Junta de Gobierno Local.

El director general de Contratación ha dicho entender que el sistema de esponsorización puede suponer en este caso una matización del control del gasto por parte del Ayuntamiento por "la ausencia de intervención previa".

El secretario general del Ayuntamiento ha descartado por su parte que lo suscrito en 2015 fuera un convenio, como ha defendido el concejal, sino que a su juicio se trataba de un contrato y no siguió el procedimiento que recoge la ley.

La concejala de Vamos Granada Marta Gutiérrez ha opinado a raíz de estas declaraciones que todos los testigos están confirmando que "por mucho que el concejal Fuentes le llamara convenio, lo que hizo era materia de contrato, y no tenía competencia para ello"; así como que el procedimiento que eligió "sacó del control público pagos y facturas por casi un millón de euros".