El coordinador general de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Granada ha ratificado ante el Juzgado el informe que realizó en su día en relación a la contratación de servicios extraordinarios en la televisión municipal TG7 durante la etapa de gobierno del PP, declarando que estos gastos eran "nulos de pleno derecho" y que no "le parece que se ajuste a la legalidad" el convenio que en este sentido se suscribió en julio de 2015.

Este técnico ha declarado este jueves como testigo ante el Juzgado de Instrucción 6 de Granada por esta causa, en la que está siendo investigado el concejal del PP de Granada Juan Antonio Fuentes, y la empleada pública que ejerció funciones de directora en la televisión en aquel momento.

El coordinador general de Economía ha señalado que en este caso no se actuó "del modo habitual" cuando se están generando gastos extraordinarios sin cobertura. Según ha relatado, lo normal era la "vinculación de crédito o un reconocimiento extrajudicial de crédito que normalmente debía ser realizado en el ejercicio siguiente en el que se hubiera generado", según consta en su declaración judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Ha dicho que "tampoco le parece que se ajustase a la legalidad el que un convenio suscrito en julio de 2015 asumiera obligaciones que se pudieran generar al Ayuntamiento desde enero de 2013". De hecho, llega a reconocer ante el juez no haber visto en toda "su vida profesional" un convenio o contrato que asuma obligaciones contraídas con anterioridad.

Ha señalado que, "en caso de que se hubiera actuado con corrección", la facturación debía haber sido examinada por la intervención municipal "en el momento de ser emitida y ser emitida en el momento en que se han prestado los servicios".

Junto a ello, reconoce "no entender por qué determinadas facturas de TG7 entraban en el proceso normal de pagos por parte del Ayuntamiento y otras no eran presentadas" al mismo y en consecuencia la intervención municipal desconocía la existencia de esos créditos que supuestamente se estaban generando.

Además, a juicio de este coordinador -un cargo por libre designación del actual equipo de gobierno- el sistema de esponsorización que hubo "facilitaba la opacidad administrativa".

En su declaración el pasado lunes, Fuentes defendió la legalidad del procedimiento que siguió para la contratación de estos servicios extraordinarios en TG7, así como del convenio que firmó en julio de 2015 para, según alegó, "reducir la deuda" que existía en esta materia, incidiendo en que ningún funcionario puso "reparos" o alertó de posibles ilegalidades.

La Fiscalía acordó en febrero denunciar los hechos al Juzgado a raíz de la denuncia que presentó Vamos Granada por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Lo hizo al entender que Fuentes supuestamente contrató en 2015 servicios complementarios al contrato de grabación que había en TG7 "sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público", sin respaldo presupuestario y eludiendo los controles y la Intervención municipal. Todo ello podría haber generado un perjuicio económico a las arcas municipales de 864.121 euros, según se desprende de los documentos aportados a las actuaciones.

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