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Todos los grupos, salvo el PP, votan a favor de llevar el agujero ecónomico a la Fiscalía

El PP también tendrá que responder por su gestión en TG7

Comunicación - M.A. - Viernes, 14 de Julio de 2017
El concejal Juan Antonio Fuentes se enfrenta a un expediente disciplinario en aplicación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno por las irregularidades detectadas en la televisión.

Se abre un nuevo frente para el PP por sus trece años de gestión en el Ayuntamiento de Granada, esta vez por las irregularidades detectadas en la televisión municipal, con gastos extraordinarios por más de medio millón de euros fuera de contrato y los ingresos por patrocinios publicitarios que no quedaron reflejados en la contabilidad municipal. 

La Comisión de Control de TG7 ha culminado este viernes los trabajos para aclarar esa etapa con la decisión, adoptada por todos los grupos salvo el popular, de depurar responsabilidades administrativas y, si así lo determina la justicia, penales. Para ello se incoarán los correspondientes expedientes tanto al concejal del PP Juan Antonio Fuentes, que fue el responsable político del servicio, como a la excoordinadora de la televisión, Cristina García. Además, previo informe de la Asesoría Jurídica, el agujero económico detectado en la televisión llegará a la Fiscalía. 

La votación se había pospuesto el pasado miércoles por cuestiones formales, tras alegar el PP que no podía llevarse a cabo porque no figuraba en el orden del día. Así, este viernes se ha vuelto a reunir la Comisión de Control y, con los votos de PSOE, Ciudadanos, Vamos Granada e IU, ha acordado poner en marcha el procedimiento disciplinario contra Fuentes, en aplicación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Ya hubo un intento anterior, promovido en su momento por IU, que no prosperó. Pero desde entonces han aparecido nuevos documentos y, lo que es determinante, informes municipales que constatan que la manera de proceder, con gastos extraordinarios fuera de convenio e ingresos por patrocinio ingresados, no fueron adecuados. Si sale adelante la decisión, que debe acordarse en Junta de Gobierno Local, sería el primer concejal de Granada al que se le aplicaría la Ley de Transparencia. 

De forma paralela se incoará un procedimiento de información reservada respecto a la anterior coordinadora, que declaró durante una de las sesiones de la comisión -celebrada ese día a puerta cerrada a petición del PP precisamente para preservarla de ese mal trago-. García es personal del Ayuntamiento pues, aunque la televisión es gestionada a través de una productora, que es la que contrata a la plantilla, ella fue incorporada al Ayuntamiento.

Además de esas decisiones por la vía administrativa, el Ayuntamiento también ha decidido trasladar el agujero económico provocado por la televisión a la Fiscalía. Para ello se solicitará previamente un informe a la Asesoría Jurídica. El objetivo es aclarar la existencia de posible delitos

Al respecto, el portavoz del gobierno local, el socialista Baldomero Oliver, ha precisado que, como institución, son necesarios trámites e informes preceptivos que se deben solicitar y respetar. Pero como ha resaltado, "la decisión está tomada". 

Por su parte, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, ha declarado a los periodistas que en la televisión se gastó "más de lo presupuestado de forma irregular", como han constatado cuatro informes municipales y eso ha generado un perjuicio. Ha considerado necesario llevarlo a la Fiscalía, como venía solicitando su grupo, "para que estos hechos no vuelvan a suceder". "No puede haber impunidad", ha subrayado para agregar que si al Ayuntamiento "le toca pagar" por la gestión del PP, "que paguen sus responsables". 

La situación de TG7 estalló, con el PP aún en la Alcaldía, tras la denuncia de los trabajadores por su difícil situación laboral. El propio PP relevó entonces a Fuentes al frente del servicio y el conflicto se agudizó con la salida de CBM, anterior adjudicataria, que llevó a los tribunales al Ayuntamiento por los gastos extrardinarios fuera de contrato. La investigación municipal, en el seno de la Comisión de Control, sacó a la luz nuevos documentos, como los ingresos por patrocinio que llegaban directamente a la productora, sin pasar por la contabilidad municipal. 

La plantilla también sufrió directamente esta cuestionada gestión, despedida prácticamente al completo hasta que se tramitó el nuevo contrato que adjudicó el servicio a Media Sur, vinculada a Media Pro. 

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