"Cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional de la Justicia Social, una fecha propuesta por la ONU. La justicia social va más allá del concepto tradicional de justicia legal, se basa en la igualdad de oportunidades y en garantizar los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la identidad, a la supervivencia, a la educación, a la libertad de expresión y al trato digno y respetuoso entre otros. Es un pilar esencial para que cada individuo pueda desarrollar su máximo potencial y para promover una sociedad en paz.

Desde la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, observamos con preocupación la dificultad que enfrentan miles de personas en Andalucía para acceder a una vivienda. Una parte fundamental para normalizar barrios excluidos radica en la adecuada gestión del parque público de viviendas. Por eso, en este día queremos destacar este tema, denunciando la ineficaz gestión que la Junta de Andalucía realiza sobre su parque público de vivienda protegida, ya sea en régimen de alquiler o compraventa con pago aplazado, el cual está bajo la responsabilidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Estas viviendas, que suman alrededor de 75.000, albergan a casi 300.000 personas, muchas de las cuales son extremadamente vulnerables y tienen importantes necesidades. Por lo general, se encuentran en los denominados barrios desfavorecidos de las principales poblaciones andaluzas, los cuales consideramos ignorados, ya que no se implementan medidas para abordar las causas que provocan los múltiples problemas que enfrentan quienes residen en ellos.

Denunciamos la falta de mantenimiento de las viviendas y de las zonas comunes, así como la falta de control sobre quiénes viven en ellas, lo que lleva a que en muchas ocasiones se utilicen para fines distintos a los previstos

Denunciamos la falta de mantenimiento de las viviendas y de las zonas comunes, así como la falta de control sobre quiénes viven en ellas, lo que lleva a que en muchas ocasiones se utilicen para fines distintos a los previstos. Es preocupante que muchas familias se vean obligadas a vivir en locales destinados originalmente a fines comerciales. Además, observamos con preocupación la permisividad de la administración frente a los frecuentes problemas de convivencia en muchas comunidades de vecinos y la falta de medidas para promover la inclusión de personas con movilidad reducida.

Exigimos a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía que se tome en serio su política de vivienda pública y trabaje para conseguir que las viviendas cumplan adecuadamente la función social que les asigna la ley. Para ello, consideramos necesarias al menos las siguientes medidas:

• Incrementar la disponibilidad de viviendas públicas.
• Estabilizar y regularizar la titularidad de las viviendas, teniendo en cuenta el arraigo de las familias que las habitan, entre otros aspectos.
• Fomentar la creación y acompañamiento de nuevas comunidades de vecinos y vecinas para promover una convivencia saludable, pacífica y armoniosa.
• Dotar de mediadores, educadores y trabajadores sociales para atender las necesidades de los residentes.
• Promover la conciencia sobre los derechos y responsabilidades de los usuarios.
• Eliminar las barreras arquitectónicas, instalando ascensores y rampas de acceso, para garantizar la movilidad de las personas mayores o con discapacidad.
• Mejorar la transparencia en la asignación de viviendas públicas.

No habrá justicia ni igualdad si las administraciones (central, autonómica y municipal) no priorizan la justicia social invirtiendo todos los recursos necesarios. La violación de estos derechos es el resultado de la negligencia y el desprecio hacia los más empobrecidos por parte de los distintos poderes públicos. Exigimos que cumplan con sus obligaciones.

Nuestra perspectiva como sociedad y nuestra actuación personal frente a esta realidad pueden perpetuarla o, por el contrario, contribuir a transformarla. Invitamos a todos nuestros vecinos y vecinas, así como al resto de conciudadanos, a unirse y trabajar por el bien común.

¡Qué sea delito dejar a una familia sin recursos!"