Cada vez es más común la publicación de noticias en prensa donde destaca la labor de la Administración en el ámbito de la reforma y la protección de menores, señalando los altos índices de reinserción y, de paso, visibilizar, aunque no siempre de manera fiel, el trabajo que se realiza en los centros de protección de menores y en los centros de internamiento de menores. El último, publicado la semana pasada, supongo que, de manera involuntaria, nos presentaba una realidad que dista mucho o poco de la verdadera, distancia comparable a la que nos separa el sentido contrario de la autovía donde se encuentra el CIMI Genil (objetivamente son unos metros, pero en la práctica son varios kilómetros).

Desde entonces hasta el momento actual el modelo externalizado se ha profundizado sobremanera, estando casi el 50% de los centros licitados mediante la fórmula de que la entidad adjudicataria aporte las instalaciones

En otro artículo publicado en septiembre reivindicando acceso al transporte público para los trabajadores, menores internados y sus familiares, me refería a que en la puesta en funcionamiento de este recurso en marzo de 2021 tanto la administración competente como los medios de comunicación señalaban que se aspiraba a convertirlo en un referente nacional e incluso internacional. Y hoy puede ser un buen momento para hacer balance de cómo va la “candidatura”.

La competencia en el ámbito de la protección y la reforma de menores es de la Junta de Andalucía, labor que ejerce a través de dos consejerías diferentes (en otras comunidades se encuentra unificada). Desde el inicio de la Ley 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, los centros de internamiento que se han ido poniendo en marcha han sido gestionados por entidades mediante contrato en centros de titularidad pública en su mayoría, con la excepción de un centro en Málaga que, hasta su cierre en 2021, estaba gestionado íntegramente por la Junta de Andalucía. Desde entonces hasta el momento actual el modelo externalizado se ha profundizado sobremanera, estando casi el 50% de los centros licitados mediante la fórmula de que la entidad adjudicataria aporte las instalaciones.     

En esa imagen dulcificada e idílica que cada cierto tiempo se pretende trasladar, el ciudadano de a pie cree que los menores se encuentran internados en el hotel Alcano y no en el CIMI Genil (instalaciones inmejorables, habitaciones con ordenador, un centenar de trabajadores para 46 menores y vigilantes por doquier se ha escrito últimamente)   

Los contratos de los recursos masculino y femenino del CIMI Genil (licitados con un año de diferencia) se desarrollan bajo esta fórmula, donde la entidad adjudicataria, Fundación Diagrama, una entidad sin ánimo de lucro, ha desembolsado una cantidad millonaria (desconocida para el conjunto de sus trabajadores) para la adquisición del antiguo hotel Alcano y su adaptación a centro de reforma. Muy a menudo se pasa de puntillas sobre la externalización de los servicios públicos y se obvia citar a la entidad que gestiona para ofrecer una imagen de buena gestión de la administración pública. En esa imagen dulcificada e idílica que cada cierto tiempo se pretende trasladar, el ciudadano de a pie cree que los menores se encuentran internados en el hotel Alcano y no en el CIMI Genil (instalaciones inmejorables, habitaciones con ordenador, un centenar de trabajadores para 46 menores y vigilantes por doquier se ha escrito últimamente).

Las instalaciones son mejorables, los ordenadores sólo están en las aulas y en el casi centenar de trabajadores se incluyen los vigilantes, el equipo directivo, administrativo, técnico, de mantenimiento, de cocina y servicios y el personal de atención directa (educadores y monitores) que deben garantizar un servicio 24/7 (las 24 horas del día, los 7 días de la semana). El personal necesario viene estipulado en la licitación del contrato, señalando el personal mínimo con que se debe realizar el servicio sin perjuicio de que la entidad lo aumente si lo estima necesario pero lo tiene que poner de su bolsillo. El personal suele estar muy ajustado para que el precio por plaza no se dispare. Y ahí comienza el difícil equilibrio entre la prestación satisfactoria del servicio, la rentabilidad económica y las condiciones laborales de los trabajadores.

El último contrato se ha licitado por cuatro años, aunque el anterior que databa de 2015 se prorrogó hasta un máximo de siete. En ésta de 2015 las entidades concurrían con convenio colectivo propio, ofertaban por debajo de costes y la administración no contemplaba la subrogación del persona

El último contrato se ha licitado por cuatro años, aunque el anterior que databa de 2015 se prorrogó hasta un máximo de siete. En ésta de 2015 las entidades concurrían con convenio colectivo propio, ofertaban por debajo de costes y la administración no contemplaba la subrogación del personal. La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público en 2017 puso cierto orden al tener las adjudicatarias que asumir las condiciones de un convenio colectivo sectorial y la subrogación del personal pero añadió una nueva rigidez al no permitir en los contratos de servicios la revisión por actualización de salarios de las personas trabajadoras. Esta situación unida a la vigencia de la Ley de Desindexación de la Economía Española, diseñada para contener el gasto público, que entre otras cosas impide la revisión de los costes monetarios de los contratos adjudicados, hace inviable la aplicación en los convenios colectivos de los sectores externalizados de cláusulas de revisión salarial vinculadas al incremento del IPC o de acuerdos marco entre patronal o sindicatos como el último sobre empleo y negociación colectiva (AENC), donde se han pactado subidas salariales en torno al 4%.

La cuestión se complica sobremanera cuando no coinciden en el tiempo la licitación de los contratos y actualización de las tablas salariales en los convenios sectoriales de referencia, de manera que los salarios quedan fijados a la tabla salarial vigente en el momento de la licitación

La cuestión se complica sobremanera cuando no coinciden en el tiempo la licitación de los contratos y actualización de las tablas salariales en los convenios sectoriales de referencia, de manera que los salarios quedan fijados a la tabla salarial vigente en el momento de la licitación. En el caso del CIMI Genil, el recurso masculino se licitó conforme a las tablas salariales del III Convenio Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores y el femenino conforme al IV (ambos impulsados en solitario por CCOO). Esto se traduce en que mismos trabajadores, con similares funciones y adscripción al mismo centro físico de trabajo cobren diferentes salarios, quedando los vinculados al recurso masculino congelados hasta un próximo contrato con la administración. Será legal pero muy injusto.

Y en todo este juego explicativo los trabajadores sufrimos un doble castigo

Y en todo este juego explicativo los trabajadores sufrimos un doble castigo, uno por parte de la administración andaluza que se ahorra una gran cantidad de dinero, que se lava las manos en caso de conflicto laboral y mira para otro lado en un posible convenio autonómico que nos equipare en condiciones con el personal laboral de la Junta de Andalucía; y por otro por la empresa de la que dependemos, que ante el aumento de costes generales, los impagos por parte de diferentes  administraciones autonómicas y una gestión al céntimo o de puño apretado, nos aplican un modelo de relaciones laborales a todo lo que permite la legalidad laboral, haciendo las coberturas imprescindibles para cumplir lo que se establece en los pliegos, que en consecuencia genera una excesiva carga de trabajo a todos los niveles, derivando en errores procedimentales que son justificados ante la administración en ocasiones aplicando expedientes disciplinarios con suspensiones de empleo y sueldo e incluso despidos.