"No quiero culpables, quiero soluciones", ha dicho a El Independiente de Granada, Juana Rivas, la mujer de Maracena a la que un Juzgado obliga a entregar a sus dos hijos, de diez y dos años, al padre, de quien huyó en Italia. 

Entre lágrimas y mientras se agota el plazo para cumplir la resolución judicial, que recurrirá ante la Audiencia, Juana expone lo "duro" que ha sido dar el paso y contar su caso públicamente, en un intento desesperado por conseguir tiempo para que pueda ser "analizado con detenimiento". Eso es lo que le pide a la Justicia española, después de que el progenitor haya recurrido al Convenio de La Haya sobre sustracción de menores, un procedimiento de urgencia que acorta los plazos. 

Se pregunta cómo la jueza no ve peligro para los menores, subrayando que "no se puede vivir bajo el maltrato y el insulto constante". Ella ve en los pasos que ha dado el padre de los pequeños "rabia" hacia la que fue su pareja y "no amor" hacia los hijos. 

Ahora pide a la Justicia "tiempo" para que puedan analizar con detenimiento el caso y las resoluciones y denuncias existentes.