UGT denuncia, como ya pasó en 2015, el intento del Gobierno de privatizar los Registros Civiles, juzgados de paz y agrupaciones, alertando de que corren peligro los registros de poblaciones medianas y pequeñas. En la provincia de Granada hay 172 oficinas de registro civil (una por municipio), de las cuales 9 (Granada, Almuñécar, Baza, Guadix, Huéscar, Loja, Motril, Órgiva y Santa Fe) tienen competencias plenas y están a cargo de Jueces o Magistrados, según explica UGT.

En poblaciones con más de 7.000 habitantes (Armilla, Peligros, Maracena, Pinos Puente, La Zubia, Huetor Vega, etc.) las funciones de Registro Civil, se ejercen por los juzgados de paz y el encargado es el juez de paz, siendo funcionarios de Justicia los que prestan el servicio. En el resto de municipios, los responsables son funcionarios o personal del respectivo Ayuntamiento. Así, con la pretensión del Gobierno actual, únicamente estarían garantizadas en nuestra provincia, en el mejor de los casos, dos oficinas generales, dice el sindicato.

Desde el sector de Justicia de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Granada, se advierte de que esta privatización supondrá no sólo incertidumbre entre los propios trabajadores y trabajadoras de los registros civiles, sino que  existe la posibilidad de que se les cobre a los ciudadanos por registrar el nacimiento de un hijo, por inscribir una defunción, por casarse por lo civil o por sacar un duplicado del libro de familia, tramites que a día de hoy son gratuitos.

El sindicato recuerda la reforma del que fuera ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que pretendía transferir el servicio a los registradores mercantiles y de la propiedad, lo que suponía cobrar por realizar inscripciones de nacimientos, defunciones o matrimonios, trámites que ahora son gratuitos. En 2015 se aplazó la reforma por un plazo de dos años que expira ahora.

Sin embargo, incumpliendo su compromiso, el actual ministro Catalá presentó a las consejerías autonómicas una propuesta de modificación de la Ley 20/2011, del Registro Civil (que entrará en vigor el 1 de julio de este año), por la que queda al arbitrio del Ministerio de Justicia en su ámbito y de las Comunidades Autónomas con competencias en el suyo el mantenimiento de la inmensa mayoría de las actuales oficinas, sin que quede garantizado un servicio cercano a la ciudadanía,  ni el empleo,  ni las condiciones de trabajo del personal de los actuales Registros Civiles y juzgados de paz y agrupaciones. 

Ante las peticiones sindicales, el Ministro ha convocado este 29 de marzo la celebración de Mesa de Negociación sobre el Registro Civil, reunión en la que UGT reivindicará que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito y servido por los funcionarios de la Administración de Justicia, manteniéndose todas y cada una de las oficinas existentes en la actualidad, es decir con el mismo mapa organizativo, llevándose a cabo una gestión directa de este servicio público; la  subsistencia de todos los puestos de trabajo actuales y que realicen funciones de Registro Civil, el desarrollo de una aplicación informática única para todo el territorio nacional adecuada para dar un servicio moderno y en consonancia con las TIC, y la recuperación de las competencias para volver a gestionar los expedientes de matrimonio y nacionalidad.