La Agrupación de Productores Marjal Chopo, que reúne a cien selvicultores de la provincia de Granada con más de 1.400 hectáreas de terreno, se opone a la declaración de utilidad pública del tendido eléctrico de alta tensión para evacuar la electricidad de la planta fotovoltaica de Ence proyectada junto a la Dehesa de Santa Fe, y que prevé expropiar más de 230 parcelas de la Vega. Ese tendido eléctrico de más de 4 kilómetros está actualmente ocupado en buena parte por choperas.

Marjal Chopo considera que la instalación de esa línea amenaza la recuperación de este cultivo tradicional, que ha experimentado un gran impulso en los últimos dos años de la mano del proyecto europeo LIFE Madera para el Futuro, la creación de Marjal Chopo y el nacimiento de la primera industria andaluza de madera tecnificada para la construcción sostenible. Asegura, además, que la construcción de esta línea pone en peligro el anillo verde del Área Metropolitana, al eliminar el sumidero de carbono que representan las alamedas, y afecta negativamente al paisaje y al patrimonio cultural de la zona, comprometiendo su valor turístico y su identidad histórica. “El paisaje de la Vega es único, irrepetible, y difícilmente recuperable una vez deteriorado o destruido”, subraya. Por todo ello, reclama que la empresa reconsidere su proyecto y realice el tendido de forma subterránea, al igual que prevé en otros tramos de esta misma línea. Los afectados están convocados a una asamblea esta tarde en Santa Fe.

El proyecto contempla que la línea vaya soterrada en tres tramos distintos para sortear zonas urbanas, la carretera G-43 y el río Genil, así como evitar el cruce con otros tendidos eléctricos, pero contempla un tendido aéreo, con un total de 28 apoyos o pilares de entre 24 y 29 metros de altura, en dos tramos distintos de 169 metros y de 4,6 kilómetros

La empresa Granada 133 Solar SLU, filial de Magnon Green Energy, que a su vez es una división de la mercantil Ence Renovables, está tramitando la declaración de utilidad pública de la línea de evacuación de la electricidad generada en los tres parques solares fotovoltaicos que proyecta en los términos municipales de Vegas del Genil y Santa Fe, con una producción pico total de 132 megavatios (Mw), hasta la subestación colectora de Atarfe, prevista en el proyecto, y de esta a otra subestación propiedad de Red Eléctrica Española, ya existente.

Esta línea de alta tensión (220 Kw) discurre a lo largo de 14,5 kilómetros por los términos municipales de Santa Fe, Pinos Puente y Atarfe. El proyecto contempla que la línea vaya soterrada en tres tramos distintos para sortear zonas urbanas, la carretera G-43 y el río Genil, así como evitar el cruce con otros tendidos eléctricos, pero contempla un tendido aéreo, con un total de 28 apoyos o pilares de entre 24 y 29 metros de altura, en dos tramos distintos de 169 metros y de 4,6 kilómetros.

Es especialmente a este último al que se oponen los propietarios de choperas, que van a presentar alegaciones ante la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Granada. La declaración de utilidad pública de esta línea supondría que los propietarios de los suelos afectados tendrían que abrir en las masas de arbolado calles libres de cualquier vegetación que pueda favorecer un incendio, es decir, una zona de servidumbre de 40 metros a cada lado del tendido, es decir, una ‘autopista’ de 80 metros de anchura. De los 4,6 kilómetros de la línea, 4,2 transcurrirían sobre suelos agrícolas o selvícolas de alto valor productivo, por lo que la apertura de una zona de servidumbre supondría la destrucción de más de 33 hectáreas de cultivos. Hay que tener en cuenta que un chopo adulto, de unos 10 años, no suele superar los 20 metros de altura, mientras los apoyos de la línea miden entre 24 y 29 metros, por lo que serían perfectamente visibles, especialmente durante la etapa de crecimiento de los chopos circundantes.

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Autovías en la Vega. Agrupación de Productores Marjal Chopo.

Los productores recuerdan que las alamedas de la Vega de Granada, paisaje lorquiano y patrimonio cultural, seña de identidad durante más de un siglo de esta comarca, tienen un alto componente sentimental como bien intangible, pero también indudables valores ecológicos

Los productores recuerdan que las alamedas de la Vega de Granada, paisaje lorquiano y patrimonio cultural, seña de identidad durante más de un siglo de esta comarca, tienen un alto componente sentimental como bien intangible, pero también indudables valores ecológicos: “La madera absorbe mucho más CO2 que los cultivos herbáceos intensivos, reduce el consumo de agua y actúa contra el cambio climático, a la vez que disminuye la contaminación y sirve como anillo verde del Área Metropolitana de Granada”, recuerda la agrupación.

“Hoy día, la madera técnica estructural basada en innovadores procesos de manufacturación ofrece una gran oportunidad para desarrollar una industria local de proximidad y una construcción de baja huella ecológica con alto secuestro de carbono a largo plazo, cero residuos; consumo energético casi nulo; uso de productos de proximidad, disminuyendo la contaminación y emisión de CO2 procedente del transporte”, subraya la asociación de populicultores.

Marjal recuerda que el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG) establece la necesidad de “evitar o minorar el impacto ambiental producido por el trazado de las infraestructuras” de abastecimiento eléctrico, así como “impedir el trazado de nuevos tendidos aéreos (…) en zonas protegidas por la legislación ambiental y por sus valores naturales, ambientales o paisajísticos”.

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Los selvicultores granadinos recuerdan que los grandes parques de producción de energía solar “son de interés para los grupos y grandes compañías energéticas”, mientras los cultivos de la zona afectada tienen un interés social en el territorio

Los selvicultores granadinos recuerdan que los grandes parques de producción de energía solar “son de interés para los grupos y grandes compañías energéticas”, mientras los cultivos de la zona afectada tienen un interés social en el territorio: “Crean empleos verdes locales a nivel rural, abastecen de productos hortofrutícolas y de madera local, restauran las riberas de los ecosistemas fluviales usando como base plantas autóctonas, los servicios, materiales y maquinaria que necesitan forman parte de la economía circular. En suma, la generación de energía renovable no otorga patente de corso para ser implantada de cualquier forma, afectando los recursos productivos locales”.

Consideran “incongruente” que la compañía promotora del proyecto plantee un primer tramo de la línea subterráneo de 2,2 kilómetros por suelos de secano de bajo valor productivo y, en cambio, proponga un tendido aéreo en terrenos de ‘alto’ y ‘excepcional’ valor productivo

Asimismo, consideran “incongruente” que la compañía promotora del proyecto plantee un primer tramo de la línea subterráneo de 2,2 kilómetros por suelos de secano de bajo valor productivo y, en cambio, proponga un tendido aéreo en terrenos de ‘alto’ y ‘excepcional’ valor productivo (según la clasificación del POTAUG). “Conocemos y respetamos el liderazgo de Ence en la producción de energía a partir de biomasa: la compañía cuenta con una capacidad de generación total de 266 MW en sus ocho plantas, que se alimentan exclusivamente de biomasa de origen agroforestal procedente de los entornos cercanos. Es por esto por lo que, siendo conocedor de lo que aquí reflejamos, esperamos que el trazado de evacuación que discurre por la Vega sea también subterráneo”.

Los propietarios afectados por una eventual declaración de utilidad pública de la línea eléctrica están convocados a una asamblea este jueves 14 de marzo a las 19.00 horas en el Centro Damián Bayón de Santa Fe.

Además de las alegaciones en nombre de la Agrupación Marjal, se van a presentar alegaciones individuales. Organizaciones como Ecologistas en Acción, Somos Vega Somos Tierra y la Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe (AUCA) también han expresado su oposición al proyecto, primero al presentar alegaciones cuando el proyecto de planta estaba en información pública, y después con un recurso de alzada contra la autorización administrativa otorgada por al Junta.