El Ayuntamiento de Granada ha evitado ‘in extremis’ el cierre a partir de agosto del complejo deportivo Antonio Prieto Castillo, acordado el pasado jueves, día 29 de julio, por la empresa que hasta ahora tenía la concesión, Serviocio, según informa el Consistorio.

El concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha explicado que el gobierno municipal ha adoptado el rescate temporal del complejo deportivo granadino -sobre el que paralelamente ahora hay abierto un procedimiento de adjudicación de una nueva concesión administrativa-  para que no cerrase las puertas a partir del 1 de agosto.

En la actualidad, el complejo deportivo de Albayda está gestionado por un administrador concursal, tras declarar la empresa concesionaria del servicio un concurso de acreedores por los múltiples incumplimientos del contrato con el Ayuntamiento.

Castillo ha defendido “la excepcionalidad de la medida” adoptada por el gobierno municipal por la “necesidad de garantizar en un distrito como Albayda con pocos servicios la continuidad de esta actividad deportiva ante la pésima gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular”.

Continuidad de la plantilla

La intervención municipal va a permitir, según el concejal, que las instalaciones permanezcan abiertas, a la vez que garantiza la continuidad de la plantilla de trabajadores del centro.

El complejo deportivo Antonio Prieto Castillo, situado en la Avenida Federico García Lorca, cuenta con más de 3.000 usuarios, “llegando incluso a alcanzar picos de hasta más de 5.000 socios”.

Castillo ha explicado que, desde que el Ayuntamiento de Granada acordó la resolución del contrato con la empresa concesionaria, el actual equipo de gobierno ha evitado hasta en tres ocasiones el cierre acordado por el acreedor concursal.

No obstante, el edil de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes ha lamentado  la situación de “inseguridad” generada a los usuarios y personal laboral del complejo, aspecto que ha achacado a la mala gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular.

Canon "excesivo"

Castillo acusa al gobierno del Partido Popular de poner en riesgo la explotación del servicio al permitir a la empresa concesionaria ofrecer un canon “excesivo” de 225.000 euros, al que no ha podido hacer frente. La anterior concesionaria mantiene deudas con el Ayuntamiento “cercanas al millón de euros”.

Así, ha defendido el pliego de condiciones presentado por el equipo de gobierno que permitirá la continuidad del servicio, a la que vez que establece la obligación de la concesionaria de subrogar los contratos de la actual plantilla de trabajadores.  

El edil ha informado que el plazo para la presentación de propuestas finaliza el próximo 12 de agosto, “por lo que esperamos que para septiembre puedan estar resuelta la adjudicación del centro”.